La vida al revés: la Junta culpa al Gobierno de la crisis económica de la tuberculosis bovina

Aunque parezca mentira, no lo es. La Junta de Castilla y León ha responsabilizado al Gobierno de las pérdidas económicas que han sufrido todos los ganaderos, que el gobierno regional autonómico no ha cifrado y que los veterinarios estiman en 3,8 millones de euros.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que la resolución de la consejería de Agricultura que relajaba los controles sanitarios no ha ocasionado “ningún perjuicio. El perjuicio deriva de la orden del Ministerio”, aseveró en muchas ocasiones.

No hay que olvidar que hace varias semanas, la Junta de Castilla y León flexibilizó todos los controles veterinarios de la tuberculosis bovina. Europa alertó de la peligrosidad de esta medida y el ministerio de Agricultura paralizó el movimiento de ganado vacuno mientras no se cumplieran las normativas española y europea. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aceptó la medida cautelar del Ejecutivo para el control sanitario para que el ganado volviese a circular con libertad.

El consejero seguirá en su ‘silla’

El portavoz de la Junta de Castilla y León señaló este 8 de junio ha señalado que se cumplirá la normativa europea y que el sector sólo se ha visto perjudicado durante los días que ha estado paralizado el mercado.

Asimismo, rechazó la dimisión del consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, tal y como pedían los veterinarios. “Es competencia del presidente y no la va a ejercer a día de hoy”, dijo. Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha afirmado que cumplir la Ley no es incompatible con otros mecanismos en defensa de Castilla y León, aunque no ha especificado cuáles.

Gallardo da la nota en Bruselas

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ofreció una rueda de prensa en el Parlamento Europeo junto al eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé.

Allí indicó que se deje de “secuestrar al ganado” para evitar más perjuicios económicos en una salida de tono habitual, pero más tarde reculó para señalar que se defenderá “la legalidad y el rigor jurídico de la resolución”, pero señaló que parece que Europa “quiere alejar cada vez más a millones de europeos del proyecto europeo”.

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