“dinero y fondos para ello hay porque la Junta recibirá del Gobierno de España 1.646 millones adicionales en transferencias”  según han declarado hoy los procuradores socialistas por  el PSOE de Salamanca tras aclarar que dicho fondo “tiene que tener una especial incidencia en zonas rurales y afectadas por la despoblación”

El PSOE llevará al próximo Pleno de las Cortes de Castilla y León un Proposición no de Ley para aprobar un Fondo, dotado con 400 millones de euros,  para ayudar a la empresas a las Pymes, a los autónomos, a las familias y a la comunidades de vecinos o de propietarios y hacer frente a la subida del coste energético, “combustibles, gas, luz” como consecuencia de la actual situación de guerra que se vive en Ucrania.

Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa los procuradores socialistas por  Salamanca, Fernando Pablos, Rosa Rubio y Juan Luis Cepa, un Fondo encaminado, según ha explicado Rosa Rubio, “encaminado a ayudar directamente y paliar los efectos de esta subida en costes energéticos a 157.000 pymes, a 190.000 autónomos y a más de un millón de hogares de castellanos y leoneses” tras instar al resto de fuerza políticas, más concretamente a los procuradores del PP,  para aprobar y sacar adelante esta iniciativa ya que, ha añadido, “tienen que asumir responsabilidades y no pueden negar esta ayuda, a nuestra provincia, a nuestra Comunidad, a nuestros empresarios y a los ciudadanos”

“La economía de Castilla y León no pasa por sus mejores momentos” ha justificado Rubio en defensa de la propuesta socialista, una situación complicada  que viene arrastrando o provocada por la pandemia “y la mala política o las malas decisiones tomadas en este sentido por  el señor Mañueco” ha indicado, tras acusar al presidente de la Junta de colocar a  Castilla y León como la segunda Comunidad con más inflación de todo el país, de tener la tercera peor producción industrial en la actualidad donde la confianza empresarial ha caído un 5,3%, “el peor dato de España”, a lo que ha sumado el hecho de estar a la cola en el número de empresas mercantiles, “en los últimos dos meses han cerrado 1.557 empresas”, en definitiva, ha remachado, “nuestra tierra será la que menos crecerá en el año 2022, para el próximo año se empezará a destruir empleo, y seguirá a la cabeza en pérdida de población”.

Una situación, ha recriminado para concluir, que se está produciendo cuando más dinero está llegando al Gobierno regional, los ingresos van a superar los 12.500 millones de euros creciendo en un 25% con respecto a este año gracias a las transferencias que se reciben del Gobierno de España, “Castilla y León  va a recibir 1.646 millones más, “dinero suficiente para poder financiar las medidas propuestas por el PSOE y el Fondo que llevamos a Pleno los socialistas”

Fernando Pablos se ha referido más concretamente a otro de los apartados incluido en la Proposición no de Ley que llevarán a las Cortes socialistas dirigido en este caso a los empleados públicos, “que tienen en Castilla y León unas condiciones diferentes y bastante peores a las del resto de España” tras recordar que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sigue sin cumplir el acuerdo que alcanzó con  los sindicatos, hace ya más de tres años para recuperar la jornada laboral de 35 horas, o la recuperación, en este caso para el personal docente del ámbito educativo, la compatibilidad entre la carrera profesional y los sexenios como ocurre en otras Comunidades

En este mismo sentido, Pablos ha pedido a su vez la equiparación de los salarios de los empleados públicos a los del resto de otras administraciones autonómicas de España, con especial referencia al ámbito sanitario, puesto que “muchos de estos profesionales a pesar de formarse en nuestra tierra no se quedan aquí porque las condiciones son mucho peores que en otros territorios”. De lo que se trata, “y es lo que proponemos los socialistas” que desde la Junta en relación con los empleados públicos, “se acabe con las desigualdades y se cumplan los acuerdos”

Un panorama, ha insistido Juan Luis Cepa en esta misma línea, que también se reproduce en el medio rural, donde las medidas, los compromisos y los acuerdos tampoco se cumplen o se llevan a cabo poniendo como ejemplo, en este caso en materia fiscal, la promesa de hace dos años de no cobrar la tasa a los cazadores y pescadores, “a día de hoy se sigue cobrando” o la exención en la tasas veterinarias que tampoco se ha llevado a la práctica.

La proposición que los socialistas llevamos al Pleno, ha argumentado Cepa, incluye incentivos fiscales para el medio rural y las persona físicas que allí residen en materia de adquisición y construcción de viviendas en núcleos rurales, también para personas que se quieran trasladar de las ciudades a los pueblos o aquellas otras que emprendan o inviertan en zonas rurales porque “no solo vale pedir al Gobierno de España o Europa sino también asumir las competencias que en este sentido la Junta tiene”.