“Ilegal”; así ha definido la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, la nueva propuesta de la Junta de reducir a la mitad la financiación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla).
Al mismo tiempo, la consejería de Empleo e Industria quiere eliminar la figura del director general de la Fundación. Esta valoración es la misma que la que realizaron los sindicatos tras conocer las intenciones del equipo de Gobierno PP-VOX, que pretende también limitar su actividad a los conflictos colectivos y que el Serla no se haga cargo de los conflictos individuales en las provincias de la Comunidad.
Para Virginia Barcones, el origen del problema está solo “en la actitud de la Junta de Castilla y León, la cual cree que está generando conflictividad con sindicatos y empresas; y se está saltando la ley, que es clara al decir que se tiene que garantizar la mediación laboral a través de un organismo autónomo”.
Ante esta situación, la delegada del Gobierno en Castilla y León tiene claro que el gobierno PP-VOX tendrá que dar marcha atrás. “Tendrán que acabar de rectificar del todo; a veces, la soberbia no es buena consejera“, explicó.
