La polémica por la supresión del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) ha llegado al panorama nacional.
Tal es así, que el Gobierno de España ha decidido intervenir en este polémico asunto llevado a cabo por el ejecutivo PP-VOX. Y lo ha hecho presentando un requerimiento judicial a la Junta de Castilla y León para que reponga inmediatamente este servicio.
“Garantizar el diálogo social es ensanchar la democracia y la defenderemos con todos los medios a nuestro alcance”, señaló la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz en su cuenta de Twitter.
Se trata de un requerimiento previo a la interposición de un recurso judicial por la falta de ejecución de la legislación laboral y de los acuerdos relativos a la solución de conflictos laborales.
No hay que olvidar que el gobierno de Castilla y León ha retirado la financiación que cada año se destina desde los Presupuestos Generales de la Comunidad, de acuerdo con los recortes del consejero de Empleo (VOX), Mariano Veganzones, para políticas de empleo y sindicatos. También quiere reducir a cero la cuantía destinada al Serla.
El Ministerio de Trabajo ha avisado de que la falta de financiación del Serla supondría un incumplimiento de la legislación laboral, puesto que la normativa prevé el recurso al sistema de solución de conflictos.
No en vano, hace apenas un mes, el consejero portavoz de la Junta (PP), Carlos Fernández Carriedo, se abría a hacer “alguna aportación” al Serla “si fuera necesario” y con el “esfuerzo” también del resto.
