Daniel de la Rosa denuncia que la Junta deja desprotegidos a los ciudadanos y abre la puerta a dinámicas de especulación inmobiliaria en la Comunidad.

El secretario de Organización del PSOE-CyL, Daniel de la Rosa, acusó a Alfonso Fernández Mañueco de falta de voluntad para abordar el grave problema de acceso a la vivienda en la Comunidad, así como de negarse a aplicar la Ley de Vivienda en Castilla y León “en un momento en el que los precios del alquiler superan la media de los pagos hipotecarios y continúan en ascenso”.

De la Rosa trasladó ante los medios su “decepción absoluta” por lo ocurrido en el pleno de las Cortes respecto a los debates sobre vivienda, donde la Junta evidenció su falta de interés en solucionar esta crisis. El dirigente socialista reiteró la urgencia de que el Ejecutivo autonómico actúe ante situaciones límite —como la vivida por Mari Carmen en Madrid tras el traspaso de inmuebles a fondos de inversión— que provocan incrementos inasumibles en las rentas y riesgo de desahucio.

“La voluntad de la Junta es no aplicar la Ley de Vivienda y no declarar zonas tensionadas de alquiler, lo cual puede reproducir lo ocurrido en Madrid: que se utilicen esas viviendas para especular, que los fondos buitre accedan a ese mercado inmobiliario y que mucha gente acabe abocada a irse de su casa”, denunció.

El dirigente socialista arremetió contra la decisión de Mañueco de dejar a Castilla y León fuera del reparto de financiación complementaria para vivienda al no declarar zonas tensionadas. Esta negativa impide la llegada a la comunidad de 5 millones de euros destinados a apoyar el alquiler y proteger las rentas familiares. Asimismo, reiteró la urgencia de que la Junta cree un consorcio participado junto a los ayuntamientos y el Ministerio de Vivienda para multiplicar el parque público protegido —que actualmente solo representa el 1,5% del total en la región— y declare zonas tensionadas en los municipios donde los precios alcanzan medias de 10 euros por metro cuadrado y rentas mínimas de más de 750 euros, como ocurre en ciudades como Burgos.

En su intervención, De la Rosa anunció también el registro de una iniciativa en las Cortes para solicitar explicaciones a la Consejería de Sanidad ante la paralización en la incorporación al Sacyl de 734 Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). La oferta de empleo público se realizó en los años 2020, 2021 y 2022, y la relación definitiva de aprobados se publicó en 2026. “Queremos saber por qué, casi siete meses después, la Junta sigue sin dar a conocer la fecha de nombramiento ni de toma de posesión, manteniendo en la incertidumbre a cientos de personas, fundamentalmente jóvenes”.

Junto a esta iniciativa, el procurador socialista por Burgos anunció la petición a la Junta, a través de una Proposición No de Ley (PNL), de un plan específico de prevención de la siniestralidad en los tramos de concentración de accidentes, el refuerzo del mantenimiento en la red autonómica de carreteras y el impulso de campañas sobre factores de riesgo como el uso del móvil y el consumo de alcohol.

“La Junta no puede escudarse en la extensión territorial o el volumen de tráfico cuando Castilla y León es la segunda comunidad con mayor número de accidentes. Los datos de 2026 son especialmente preocupantes y reflejan un aumento de los incidentes de tráfico, también con víctimas mortales”, concluyó.