Juan García-Gallardo, vicepresidente sin funciones de la Junta de Castilla y León, no perjudicó la imagen de la institución autonómica cuando criminalizó a migrantes alojados de manera temporal en un hotel – balneario de Media del Campo.
Ésta es la decisión que ha tomado la Comisión de Ética Pública del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco tras las declaraciones que hizo el pasado 25 de octubre, enmarcadas en el «derecho a la libertad de expresión«.
Así lo indica una información de eldiario.es, que selala que el Código Ético cita la ejemplaridad y la no discriminación como algunos de los requisitos que deben cumplir, en su actuación, todos los altos cargos. Al dictaminar que ni García-Gallardo ni Veganzones han incumplido el Código Ético, la comisión enmarca de manera automática sus declaraciones xenófobas dentro de la ejemplaridad y la no discriminación.
“Nosotros lo que queremos denunciar es precisamente eso, que tenemos a un Gobierno central que se arroga la representación de las mujeres y que luego trae aquí (a Medina del Campo) a 183 jóvenes varones en edad militar y que generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo. Queremos denunciar a los culpables de esta invasión migratoria”, decía García-Gallardo, a la vez que arremetía contra oenegés que según él “colaboran con las mafias”.
Tampoco entiende la Comisión que llamar “delegado del PSOE golpista” al fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, vaya más allá de la libertad de expresión.
