El PSOE exige a la Junta que explique qué cauces existen para que los procuradores obtengan información de las consejerías al margen de las preguntas parlamentarias.

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha pedido a la Junta de Castilla y León que explique cuáles son los “otros procedimientos” para acceder a información de las Consejerías a los que, según se ha trasladado desde el Partido Popular, pueden recurrir los partidos que participan conjuntamente en el Gobierno autonómico, evitando así la presentación de iniciativas parlamentarias.

A través de una pregunta escrita, el GPS considera que la cuestión cobra especial relevancia después de que, al inicio del nuevo periodo de actividad parlamentaria, se registraran tres preguntas para respuesta escrita dirigidas a distintas consejerías de la Junta sobre asuntos de evidente interés público: las reivindicaciones de los profesionales sanitarios en relación con el Estatuto Marco, la denegación de visados de medicamentos para nutrición enteral domiciliaria y las medidas de seguridad en las zonas de baño de Castilla y León. Sin embargo, las tres iniciativas fueron retiradas pocas horas después de su registro.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, se considera que esta situación plantea unas dudas que la Junta no puede dejar sin respuesta: si existen cauces alternativos para que los procuradores puedan obtener información directamente de las consejerías, ¿cuáles son exactamente, quién puede utilizarlos y dónde están regulados?

“No puede haber una vía de acceso a la información para quienes están dentro del Gobierno y otra para quienes ejercen su labor parlamentaria desde la oposición”, considera el GPS en su escrito. “Si existen mecanismos distintos de las preguntas parlamentarias, las Cortes de Castilla y León y la Junta tienen que explicar cuáles son y garantizar que su utilización se realiza con criterios de transparencia, igualdad y seguridad jurídica”.

El Grupo Socialista considera especialmente preocupante que pueda trasladarse la idea de que, por formar parte de un mismo Ejecutivo autonómico, determinados grupos políticos disponen de cauces privilegiados para acceder a información de las consejerías.

Las Cortes de Castilla y León cuentan, precisamente, con instrumentos parlamentarios para garantizar que los procuradores puedan ejercer sus funciones de control, fiscalización y seguimiento de la acción del Gobierno. Entre ellos se encuentran las preguntas para respuesta escrita y las solicitudes de documentación.

REGISTRO DE PREGUNTAS EN LAS CORTES

Por ello, el Grupo Socialista ha registrado una batería de preguntas para que la Junta concrete qué procedimientos alternativos existen, qué requisitos tienen, quién puede utilizarlos, qué órganos intervienen y qué diferencias presentan respecto de una pregunta parlamentaria.

“Queremos saber si esos mecanismos están al alcance de todos los procuradores o si, por el contrario, se trata de cauces internos reservados a quienes forman parte o apoyan al Gobierno”, apuntan los socialistas. “La información que obra en poder de la Administración autonómica es información pública y no puede convertirse en un privilegio de los partidos que sostienen al Ejecutivo”, se añade en el escrito.

El Grupo Socialista reclama, además, conocer si mediante esos procedimientos se puede obtener la misma información que mediante una pregunta parlamentaria, si las respuestas quedan registradas y son públicas y qué garantías existen para evitar que el acceso a la información dependa de la relación política de cada procurador con las consejerías.

“Si un procurador necesita conocer qué está haciendo la Junta en materia sanitaria, farmacéutica o de seguridad en las zonas de baño, debe existir un procedimiento claro, reglado y accesible. Lo que no puede ocurrir es que se diga que hay ‘otros procedimientos’ y nadie explique cuáles son”, refleja la pregunta registrada.

Por todo ello, el Grupo Socialista exige a la Junta de Castilla y León que identifique de manera concreta esos procedimientos, su regulación y sus garantías, y que aclare si cualquier procurador puede utilizarlos en igualdad de condiciones.

“La Junta tiene la obligación de responder. La transparencia no puede tener una puerta de entrada para los socios de Gobierno y otra, más estrecha, para quienes ejercen el control parlamentario”, concluye la iniciativa parlamentaria.