La Justicia ha hablado, y lo ha hecho para condenar al PP de Salamanca por vulnerar el derecho fundamental de asociación.
Así lo señala una información que recoge la Cadena SER, asegurando que el Juzgado de primera instancia número 5 de Salamanca ha dado la razón a trece militantes del PP en la provincia de Salamanca que reivindicaron en su momento la convocatoria del congreso ordinario para obtener respuestas y disputar el liderazgo a la actual dirección, antes de las elecciones del pasado mes de mayo.
Concluye la magistrada en su sentencia, a la que ha accedido la SER, que el PP de Salamanca “vulneró el derecho fundamental de asociación” recogido en la Constitución y en los propios estatutos de la formación, y que el partido “no ha dado razones suficientes y legales, para dejar de convocar el congreso, impidiendo así la participación de los afiliados”.
El PP culpó al Covid
Ante esta situación, el PP salmantino alegó que no convocó el congreso debido a las restricciones del Covid, pero para la juez se trata de un argumento “vacío” porque sí que fueron datados en tiempo y forma el resto de congresos provinciales en Castilla y León.
La juez lamenta en la sentencia que la ausencia de los congresos necesarios “privan” al afiliado de conocer las decisiones adoptadas por los órganos decisorios, evaluar sus programas o elegir a sus representantes y dirigentes. Y que se impide de esta forma que un partido político sea “participativo” así como que los asociados se sientan “parte del mismo”.
Feijóo no quiso declarar como testigo
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue llamado a declarar como testigo en la vista por la juez, pero se negó a comparecer porque no era presidente cuando sucedieron los hechos. En su sentencia, que puede ser recurrida en apelación, la juez condena al Partido Popular de Salamanca a las costas del proceso.
El abogado de los demandantes, Enrique Herrera, se ha mostrado “muy satisfecho” por un fallo “muy razonado” que detalla numerosa jurisprudencia en las 34 páginas del texto. El letrado concluye que ha quedado probado que el PP de Salamanca “infringió un derecho básico y constitucional que es el de la participación de todo ciudadano en la vida de política y que es recogido en cualquier Estado democrático”.
