El diputado del PSOE por Salamanca, David Serrada, anuncia que el gobierno introducirá mejoras en este nuevo derecho del Salario Mínimo Vital para que personas sin hogar, o que comparten piso o vivienda, puedan acreditarse como una unidad de convivencia y de esta forma poder accede a la prestación.

El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital a 1.420 hogares salmantinos. De esta manera, esta prestación llega ya en el mes de diciembre a más de 3.600 personas de las que, casi el 44%, son menores de edad según datos facilitados por el diputado del PSOE por Salamanca, David Serrada, y aportados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. “Son, exactamente, 3.637 los salmantinos en situación de vulnerabilidad los que ya se han visto beneficiados por el Ingreso Mínimo Vital, miles de salmantinos que van a ver aliviada su situación en un momento de dificultades como el que estamos viviendo”, ha manifestado el parlamentario salmantino.

Un nuevo derecho, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha apuntado Serrada, “que ha venido para quedarse, a pesar de que el PP, y los diputados del Partido Popular de Salamanca vayan a votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado”

Son más de 3.600 personas, y cerca de 1.500 hogares de la provincia, ha añadido el diputado del PSOE por Salamanca, “que seguramente van a ver con decepción como los parlamentarios salmantinos del PP van a rechazar unos Presupuestos que no solo garantizan este Salario Mínimo Vital sino que además, garantizan todo un conjunto de medidas encaminadas a proteger a los que se encuentran en una situación complicada, en una situación de vulnerabilidad en medio de la peor crisis social, económica y sanitaria que tenemos y hemos tenido en nuestro país”.

Cerca de 1.500 hogares beneficiarios que recibirán en unos días el importe del pago correspondiente a la nómina de diciembre, la séptima que abona la Seguridad Social.

El importe bruto total de este mes para el pago de este derecho ascenderá a 110 millones de euros para proteger a las 460.000 personas beneficiadas por el IMV en España, una cifra que contempla también el efecto de la retroactividad desde junio en los casos correspondientes.

En total, desde que se puso en marcha esta prestación, la Seguridad Social ha abonado (incluyendo esta nómina) más de 518 millones de euros.

En los seis primeros meses de existencia de la prestación, dedicada a hogares en situación de vulnerabilidad, se han recibido en Salamanca 7.320 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. Del total que han llegado por diferentes canales, 596 expedientes estaban duplicados, lo que supone que eran válidos 6.724.

En los seis meses de vigencia de la prestación, se han tramitado en Salamanca 5.166 expedientes, de los que 4.496 han quedado resueltos.

En 670 casos se les ha pedido que subsanen errores, como por ejemplo el de completar la documentación.

De las solicitudes tramitadas, 3.076 han sido denegadas, en la mayor parte de los casos por superar niveles de renta y patrimonio. Tras las mejoras realizadas en la tramitación, quedan pendientes de análisis en 1.558 expedientes, buena parte de ellos recibidos durante las últimas semanas.

El Ingreso Mínimo Vital, es una norma “en continua evaluación”. Fruto de los primeros análisis, ya se hicieron algunos ajustes normativos en septiembre, que han permitido facilitar y agilizar notablemente la tramitación de expedientes. “En las próximas semanas se realizarán nuevas mejoras que permitirán adaptar la norma a la pluralidad de situaciones de convivencia que se producen en la vida diaria”, fundamentalmente entre las personas en situación de vulnerabilidad económica que, a menudo, se ven obligadas a compartir vivienda.

En este aspecto, está prevista una próxima modificación normativa para que la acreditación de la unidad de convivencia se pueda realizar mediante un certificado de los Servicios Sociales. También se trabaja, en este mismo sentido, con las organizaciones del Tercer Sector.

Al margen de estas modificaciones, el Gobierno se ha comprometido a realizar una completa evaluación del alcance que ha tenido la prestación en estos meses y a estudiar cuantas modificaciones sean necesarias “para llegar a los 850.000 hogares en situación de vulnerabilidad identificados en nuestro país antes del desarrollo de la norma”.

Entre las mejoras que se introducirán próximamente también está la de facilitar el acceso a la prestación por parte de personas sin hogar, de forma que “quedará excluido el límite de titulares por unidad de convivencia” en casos de convivencia en hogares colectivos (albergues, centros de acogida…), ha concluido.