Denuncia ante el Defensor del Pueblo por el recorte del Serla en Castilla y León

El conjunto de los sindicatos más representativo en Castilla y León lleva ya varios años denunciando los «ataques» de la formación política VOX.

Esta situación se ha incrementado más cuando el partido de ultraderecha pasó a formar parte del gobierno de la Junta gracias al beneplácito y ayuda del presidente Mañueco.

Uno de las medidas que VOX impuso nada más llegar al ‘poder’ fue la de recortar hasta la mínima expresión la financiación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) de esta CCAA a través de su gestión en la consejería de Empleo de la Junta con Mario Veganzones a la cabeza.

El pasado lunes 6 de noviembre, el sindicato UGT presentó ante el Defensor del Pueblo una queja contra este tipo de políticas «contrarias a la Constitución». En el texto presentado, al que tuvo acceso el diario El País, la denuncia que se lleva a cabo se centra en que algunos «responsables políticos de CCAA han comenzado una campaña de acoso a estos organismos y a los institutos y fundaciones que ejecutan las competencias en materia de mediación y arbitraje, que son un desarrollo de una competencia estatal”, señala UGT.

Desaparición de varios programas de Empleo

Por ello, “cualquier acción o decisión proveniente de una comunidad autónoma, que dificulte o directamente imposibilite los medios de solución autónoma de conflictos, sobrepasa las competencias autonómicas, que están limitadas a la ejecución de las competencias en materia laboral”.

Asimismo, Faustino Temprano, secretario general de UGT en Castilla y León, denuncia la desaparición o reducción de varios programas que ejecutaba la Consejería de Empleo antes de la llegada de Vox. Entre ellos menciona el de riesgos laborales, de asesoramiento para inmigrantes o de orientación laboral para desempleados, informa El País.

El Ministerio de Trabajo, encabezado por la vicepresidenta ahora en funciones Yolanda Díaz, envió sendos requerimientos formales a la Junta para impedir la decisión del Ejecutivo autonómico. Finalmente, la financiación se redujo a un 60%, suma insuficiente para los sindicatos.

(AQUÍ, la información completa).

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