El Congreso aprueba los objetivos de estabilidad presupuestaria del 2020, y la senda para el periodo 2021-2023, quedando allanado el camino para aprobar las cuentas del Estado que el Gobierno presentará para este año centradas de manera especial en la lucha contra la despoblación, uno de los mayores problemas que afecta a la provincia salmantina.

David Serrada, diputado en el Congreso por el PSOE de Salamanca, ha manifestado que con la aprobación hoy en la Cámara Baja de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el techo de gasto para el 2020, además de quedar marcada la senda para el periodo 2021-2023, se ha dado el primer paso para que los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes al presente año sean una realidad.

Un primer paso, ha dicho el parlamentario socialista, “muy importante para Salamanca que va a traer efectos beneficiosos para todos los salmantinos” no en vano, ha continuado, “van a ser unos Presupuestos que se van a centrar y van a tener mucho que ver con la lucha contra la despoblación, y con permitir que todos nuestros ayuntamientos puedan realizar y tengan la capacidad de poder sacar adelante políticas públicas para revertir uno de los principales problemas que tiene la provincia de Salamanca como es el de la despoblación”.

Estas afirmaciones las ha hecho el parlamentario salmantino después de que el Congreso haya avalado hoy la propuesta del Ministerio de Hacienda de adecuar los parámetros antes mencionados a la realidad económica de España  respaldando también una senda más transitable, que permite reducir el déficit y la deuda pública sin poner en peligro el crecimiento y la creación de empleo.

De esta forma se han puesto las bases para sacar adelante unas cuentas públicas que incluirán los compromisos del Gobierno para fortalecer el Estado de bienestar y recuperar derechos, al tiempo que respetarán las reglas fiscales de la UE.

Serrada  se ha basado en la línea marcada por la ministra de Hacienda María Jesús Montero quién ha señalado que se trata de una senda “realista y creíble” que permitirá compaginar la consolidación fiscal con la apuesta del Gobierno por reforzar las políticas públicas y los servicios esenciales para no dejar a nadie atrás.

En concreto, el Acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de febrero que hoy ha ratificado el Congreso establece un objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas del 1,8% del PIB en 2020. Para la Administración Central, el límite es del 0,5%; para las Comunidades Autónomas queda fijado en el 0,2%; para la Seguridad Social en el 1,1% y equilibrio presupuestario para las entidades locales.

De esta forma, el mayor esfuerzo fiscal lo realizará la Administración Central, que debe reducir su déficit desde el 1,32% registrado en 2018, al 0,5%. Es decir, una disminución de ocho décimas en dos ejercicios. La Seguridad Social tiene que rebajar su déficit del 1,44% al 1,1%, lo que supone una reducción de tres décimas. Por último, el esfuerzo exigido a las Comunidades Autónomas es menor y basta con reducir una décima su déficit

Por su parte, la senda aprobada para el período 2021-2023 fija un déficit para el conjunto de Administraciones Públicas del 1,5% en 2021; del 1,2% en 2022; y del 0,9% en 2023.

El desglose por subsectores fija que la Administración Central reduzca su déficit progresivamente hasta quedar en el 0,1% en 2023. La Comunidades Autónomas disminuirán su déficit una décima cada año hasta alcanzar el equilibrio en 2022 y 2023. Para las Entidades Locales se contempla equilibrio presupuestario durante todo el período 2021-2023. Y la Seguridad Social reducirá de forma más moderada su déficit hasta situarlo en el 0,8% del PIB en 2023.

Deuda pública y regla de gasto

Asimismo, el objetivo de deuda pública de 2020 para el conjunto de las Administraciones Públicas se establece en el 94,6% y se reducirá hasta quedar por debajo del 90% (89,8%) en 2023.

En este sentido, la ministra de Hacienda ha puesto en valor que España ha cerrado 2019 con una reducción de la deuda pública de más de dos puntos, lo que supone el mayor ritmo de descenso desde 2007. Esto ha permitido cumplir el objetivo del 95,9% y situar la ratio en el 95,5% del PIB, lo que supone la cifra más baja desde 2012.

Por último, el acuerdo ratificado hoy por el Congreso contempla la tasa de variación a efectos de cumplimiento de la regla de gasto que será del 2,9% en 2020 y se incrementará hasta alcanzar el 3,3% en 2023.