Un objetivo que viene a reforzar el compromiso del Ministerio y el Gobierno con la promoción del uso del transporte público colectivo para contribuir a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

«El transporte público es una prioridad y ha sido la gran apuesta del Gobierno para proteger a la ciudadanía de las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania y, al mismo tiempo, combatir la inflación y reducir nuestra dependencia energética y el consumo de combustibles fósiles», ha asegurado Raquel Sánchez durante su participación en el Encuentro Urbes Resilientes El País – Acciona.

En este sentido, la titular de Mitma ha reiterado el transporte público es el gran protagonista de la movilidad sostenible y constituye el principal instrumento de vertebración del país, «también para aquellas zonas, dispersas geográficamente y afectadas por la despoblación, cuya dependencia del vehículo privado es hoy casi absoluta».

Ciudades sostenibles

Las ciudades, que acogen ya más de la mitad de la población mundial, son, a su juicio, los motores del crecimiento y las grandes fábricas de talento de la humanidad, pero también los principales consumidores de los recursos del planeta. De ahí su importancia a la hora de mitigar los efectos del cambio climático desde la sostenibilidad, pues, según ha señalado, «no habrá un planeta sostenible sin ciudades sostenibles».

Raquel Sánchez ha valorado lo que las ciudades ya están haciendo para para avanzar en la sostenibilidad urbana en las últimas décadas y reducir sus emisiones: aumento del reciclaje de residuos, optimización del consumo de agua, eficiencia energética, digitalización… En ese sentido, ha mostrado su optimismo en lograr que «en 2050 las ciudades españolas sean neutras en carbono, se hayan liberado de la contaminación, practiquen una economía circular en el uso de los recursos y multipliquen su resiliencia a los impactos del cambio climático».

Acceso a una vivienda digna

En ese sentido, Raquel Sánchez ha señalado que, en la construcción de un entorno urbano sostenible y para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, «el acceso a una vivienda digna es un pilar fundamental de esta ecuación»; de ahí el objetivo de este gobierno de «devolver a la vivienda la función social que nunca debió perder y configurarla como un servicio público de interés general». Tal y como ha enumerado, las principales medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para alcanzar este objetivo han sido:

La inversión de 3.462 millones de euros en políticas de vivienda, contemplada en el actual presupuesto, la mayor partida de la historia y ocho veces más que la contemplada en 2018.

Las ayudas para favorecer la emancipación de los jóvenes, como el Bono Alquiler Joven, las recogidas en el Plan Estatal de Vivienda o las líneas de avales del ICO de 2.500 millones de euros, para cubrir la entrada que impedía a los jóvenes acceder al mercado hipotecario.

El Plan para el Alquiler Asequible, que busca incrementar el parque público en más de 183.000 viviendas, tanto por iniciativa pública como por la colaboración privada.

La primera ley de Vivienda de la democracia, que protege el patrimonio público de vivienda social, y que es el instrumento con el que controlar subidas abusivas de los precios del alquiler en situaciones de oferta insuficiente o para sacar al mercado pisos vacíos.