La erradicación de la tuberculosis bovina sigu siendo un problema para los ganaderos de la comunidad castellana y leonesa (especialmente en Salamanca) sin que la Junta de Castilla y León tome cartas en el asunto.
Ante esta situación, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, acusó al Ejecutivo PP-VOX en la Junta de adoptar un actitud «contraria a la Ley» en una resolución autonómica sobre la erradicación de la tuberculosis bovina que el Gobierno central dejó sin efecto este 29 de mayo.
Aparte de la orden ministerial, el Ejecutivo central presentó el 23 de mayo un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la resolución.
Luis Planas ha culpado al Gobierno de Mañueco y Gallardo de poner “en tela de juicio” tanto la legislación española como la comunitaria en materia de prevención de la tuberculosis bovina.
El ministro de Agricultura calificó como “muy grave” y de “contraria a la ciencia” la resolución emitida el pasado 15 de mayo por la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, que está en manos de VOX.
“Mi mensaje al Gobierno de Castilla y León es claro: que anulen de forma inmediata esta resolución que se sitúa fuera del marco legal, y que yo creo que es un buen ejemplo de las cosas que no hay que hacer si queremos mantener el prestigio, el mercado y las exportaciones que tenemos desde España”, ha manifestado Planas.
Los veterinarios cargan contra la Junta
Por su parte, el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal-Uscal) ha llamado la atención a la Consejería de Agricultura y Ganadería (VOX) por lo que entienden como una “laxitud y flexibilidad” a la hora de imponer un saneamiento ganadero en algunas provincias de Castilla y León que haría “retroceder los buenos resultados obtenidos” antes de la llegada de esta gestión y pondría en riesgo “la mejora de la salud de las personas y de los animales” en aquellos lugares donde “el censo y los movimientos comerciales son más importantes”.
Según han relatado en un comunicado, la resolución del Bocyl del 10 de mayo recoge varios puntos que “son contrarios a los programas nacionales de control, vigilancia y erradicación de enfermedades de los rumiantes”.
Asimismo, también “se ignora otros aspectos contemplados en dichos programas”. Esto lo habrían denunciado “los nueve Jefes de Sección -máximos responsables del saneamiento ganadero-, a la sazón directores provinciales de las campañas de saneamiento ganadero”.
