Andrea Fernández: “El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho a la salud. Estas leyes impiden la clandestinidad, la insalubridad y el sufrimiento”.

El Grupo Parlamentario Socialista ha defendido en el Pleno del Congreso una iniciativa para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Aunque “España cuenta con una sociedad claramente comprometida con la igualdad y con instituciones que trabajan para seguir corrigiendo la injusticia del machismo”, surgen “cada vez más ideas y acciones políticas coordinadas que están dedicadas a reducir y cercenar la igualdad como valor”, algo de lo que tampoco escapa nuestro país, ha subrayado la portavoz socialista de Igualdad y diputada por León, Andrea Fernández.

De hecho, la proposición no de ley (PNL) socialista advierte de que “en la última década se han intensificado mensajes” contrarios a la igualdad real y a derechos “consolidados en nuestro ordenamiento jurídico”, como es el aborto. “Se ha reavivado una corriente de pensamiento ultraconservador que promueve posiciones sociales, económicas y políticas de subordinación y dominación para las mujeres” que “se manifiesta en discursos e iniciativas políticas y que lleva a reabrir debates que la sociedad cerró hace mucho tiempo”.

En este sentido, la diputada socialista ha criticado que el PP haya convertido el Senado en un lugar de encuentro de grupos ultras que cuestionan este derecho. Además, ha añadido que “la inseguridad en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no se circunscribe a la extrema derecha”, ya que también “son muchas las comunidades autónomas en las que acceder a este derecho es difícil. La no actualización del registro de objetores hace que esta prestación deba ofrecerse en clínicas privadas y, además, se hace a través de ofertas públicas muy por debajo del coste que supone esta prestación”.

Por ello, el objetivo de esta PNL, que será votada el jueves, es que “todas las comunidades autónomas cumplan la ley de salud sexual y reproductiva, que garanticen este derecho como lo que es: una prestación sanitaria de nuestra sanidad pública”.

“Tenemos la responsabilidad ineludible de ser capaces de generar conversaciones comunes sobre lo que supone la igualdad porque nos jugamos muchísimas vidas en ello”, ha concluido Fernández. “El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es, sobre todo, un derecho a la salud. Eliminar o limitar la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos en condiciones de garantías médicas no evita los abortos, solo pone en juego su salud, exponiéndolas a la muerte y al sufrimiento. Estas leyes no atacan la vida, sino que impiden la clandestinidad, la insalubridad y el sufrimiento. Educación y anticonceptivos para no abortar. Aborto libre y seguro para no morir”.