Teresa Ribera ha salido al paso de las críticas del presidente de la Junta de Castilla y León, quien pidió su dimisión al considerar unas afirmaciones realizadas en una misiva por la Ministra como «ataques no sólo injustos, también indignos».
Ante esta situación, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, envió el pasado 5 de mayo una carta a Fernández Mañueco en la que le instaba a realizar unas políticas demográficas adecuadas, y no «una antítesis» de lo que debe hacer un gobierno para ganar población y gestionar del modo correcto los servicios públicos básicos en las zonas con menos habitantes.
Según la mencionada carta (publicada por la Cadena SER), Ribera empieza señalando: «Vista la preocupación que habéis mostrado públicamente por mis comentarios sobr el vínculo que existe entre reducción de servicios y pérdida de población, creo adecuado compartir los datos más relevantes obtenidos por nuestros servicios a partir de estadísticas y datos oficiales proporcionados desde la Junta de Castilla y León, así como las observaciones planteadas en esta cuestión por el Procurador del Común en la Comunidad».
La Ministra destaca que Castilla y León registra la mayor pérdida de población a lo largo del siglo XXI, por encima de los 100.000 habitantes y, muy especialmente en los últimos diez años, con una pérdida de 173.438 habitantes, siendo la mayor comunidad con pérdida poblacional (-6,8%). Como ejemplo, en la carta enviada a Fernández Mañueco, Ribera indica que en la última década, la pérdida de población de Castilla y León es similar a la que tiene en la actualidad la ciudad de Burgos, «lo que visibiliza la magnitud del problema de la despoblación».
«El Gobierno de España ha situado al reto demográfico como prioridad y lo ha dotado de una estructura administrativa y una capacidad real de actuación que ha permitido contar con inversiones relevantes para abordar estos problemas con avances como la cobertura digital, y facilitando el trabajo conjunto a través del Fondo para la Cohesión y la Transformación Territorial».
Asimismo, la vicepresidenta tercera del Gobierno insistió en el «mantenimiento y mejora de los servicios públicos, especialmente en el medio rural, con servicios de calidad y una dotación de personal suficiente para garantizar un acceso equivalente al de las ciudades«. Al contrario, cerrar centros educativos y sanitarios o perder calidad en los servicios, afectan de manera negativa a la lucha contra la despoblación, como es el caso de Castilla y León.
Así las cosas, Teresa Ribera apoya sus afirmaciones con los propios datos de la Junta de Castilla y León. Entre los cursos 2011-12 y 2021-22, la cifra de centros educativos en municipios de menos de 5.000 habitantes se redujo de 192 a 179. Según los datos del Sistema de Información Estadística (S.I.E.), la cifra de maestros descendió de 5.818 a 4.853 en ese mismo periodo de tiempo; o lo que es lo mismo, 965 maestros, un 17% menos. En provincias como Ávila, la reducción ha llegado al 24%.
La sanidad lleva el mismo camino
La misiva enviada por parte de la Ministra señala que, de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Salud (SN), la atención primaria pasó de 2.386 médicos y 286 pediatras en 2011 a los 2.316 médicos y 255 pediatras de 2021. Además, entre 2021 y 2022, las zonas básicas de salud rurales perdieron 50 médicos, 108 pediatras y 47 en personal de enfermería, dejando las plantillas en una situación muy complicada.
Todos estos datos y cifras están avaladas por el Procurador del Común en cuanto a «calidad de la asistencia sanitaria, las listas de espera o el transporte, así como sobre la implantación generalizada de los servicios educativos complementarios de comedor y transporte escolar en el medio rural, lo que llega a dificultar en extremo la conciliación de la vida laboral y familiar en las familias con menores de edad escolar».
