El secretario general del PSOE de Salamanca denuncia que «mientras el Gobierno propone, aporta medidas y soluciones, la derecha lo único que hace es oponerse y obstaculizar con su gestión y con su voto».
El secretario general del PSOE de Salamanca y diputado nacional, David Serrada, ha hecho público en rueda de prensa un contundente mensaje contra PP, VOX y Junts por oponerse y rechazar de forma reiterada las medidas del Gobierno de España para hacer frente al problema de la vivienda, tanto en España como en Salamanca.
Puso también, en el centro de la diana, a la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de la capital y responsabilizarlas por no utilizar las competencias y recursos que tienen para dar respuesta a un problema que “golpea cada vez con más fuerza a los salmantinos”.
Serrada ha aseverado que mientras el Gobierno de España está legislando, financiando y poniendo medidas encima de la mesa, PP, VOX y Junts lo único que hacen es “oponerse y poner palos en las ruedas” con su voto, una manera de actuar, “reiterada y sistemática” que no solo se circunscribe al Congreso y que tiene consecuencias directas en el bolsillo de los ciudadanos, también en Salamanca.
En esta línea, el líder de los socialistas salmantinos ha puesto sobre la mesa datos sobre la realidad del mercado inmobiliario salmantino donde el precio del alquiler ha aumentado un 8% en el último año y el precio de compra de vivienda, nueva y usada un 17%, lo que demuestra que esta cuestión es, hoy por hoy, uno de los principales problemas sociales y económicos de las familias y de los jóvenes que exige decisiones y respuestas políticas inmediatas.
“Hay un clamor social ante una alarma generalizada” ha señalado, recordando las movilizaciones y las peticiones de ayuda de ciudadanos que no pueden hacer frente al coste del alquiler.
«LAS COMPETENCIAS SON DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN»
El diputado socialista ha desmontado los argumentos, tanto de PP como de VOX, en su intento de culpar y trasladar toda la responsabilidad al Gobierno de España recordando que la competencia en materia de vivienda es una competencia exclusiva de la Junta de Castilla y León y tiene un nombre, “Alfonso Fernández Mañueco”, frente a un Gobierno de España cuyo papel consiste fundamentalmente en legislar y financiar, proporcionando a las Comunidades Autónomas los recursos necesarios para desarrollar sus políticas de vivienda.
En este sentido, los números “son contundentes”; 78 millones de euros transferidos a Castilla y León en el anterior plan de vivienda aprobado por el ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez, y 226 millones de euros en el nuevo plan hasta 2030, lo que supone un incremento del 190%., ha subrayado tras preguntarse: “¿qué hizo la Junta de Castilla y León con esos 78 millones? ¿Y qué piensa hacer la Junta de Castilla y León con los 226 millones que le va a transferir el Gobierno?”.
Para los socialistas salmantinos no basta con reclamar más recursos al Gobierno de España sino que hay que ejecutar los fondos disponibles y utilizar las herramientas que la legislación ofrece y aquí, Mañueco y la Junta, tampoco hace nada porque “decidieron no aplicar la Ley de Vivienda”.
Serrada ha continuado afirmando que la práctica totalidad del municipio de Salamanca es zona tensionada y que, de haberse aplicado la Ley de Vivienda, se podrían haber utilizado mecanismos para contener los precios del alquiler, mejorar la estabilidad de los contratos y establecer incentivos fiscales para los propietarios, pero la Junta y Mañueco decidieron declararse “objetores”.
Esto ha supuesto que los alquileres siguieran subiendo, decisión a la que se sumó el alcalde y presidente del PP salmantino, Carlos García Carbayo, “malas decisiones que… ¿quién la paga? ¿Las pagan ellos con su responsabilidad política o las pagan los ciudadanos de su bolsillo?”, ha planteado. “En este caso, parece claro que quienes están pagando son los salmantinos”.
De esta manera, el dirigente socialista ha repasado las votaciones en los últimos años para denunciar que el rechazo de las derechas a medidas para solucionar o paliar el problema de la vivienda ha sido sistemático persistente y continuado
PP, VOX y Junts, ha insistido, votaron contra la Ley de Vivienda de 2023 y, posteriormente de manera más reciente y en los últimos tiempos contra las medidas de protección para personas vulnerables frente a los desahucios, contra las sucesivas iniciativas destinadas a ampliar las garantías para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, contra beneficios fiscales tanto para propietarios como inquilinos entre otras muchas cuestiones que tienen que ver con la protección de unos y otros.
“El Gobierno pone medidas y soluciones sobre la mesa y las derechas votan en contra dejando claro cuáles son las prioridades que tiene el Gobierno y cuáles son las prioridades que tiene la derecha del Partido Popular, de Vox y de Junts en materia de vivienda”.
«NO VA EN CONTRA DE LOS PROPIETARIOS»
Desde el PSOE de Salamanca se considera especialmente importante explicar a los ciudadanos qué significa en la práctica votar contra las medidas de vivienda y para ello Serrada ha destacado que los decretos incorporan medidas dirigidas tanto a inquilinos como a pequeños propietarios, frente al discurso de PP y VOX que intenta presentar estas políticas como una amenaza para los propietarios. “Es falso, no van en contra del pequeño propietario”, ha afirmado con rotundidad.
Entre las medidas previstas, ha asegurado, se encontraban incentivos fiscales para propietarios que pongan viviendas en alquiler, compensaciones en caso de desahucio y garantías adicionales, pero también mecanismos específicos para evitar abusos en el mercado de alquiler y, en una ciudad como Salamanca, donde la vivienda temporal tiene un peso relevante, protección frente a la utilización de contratos de temporada para incrementar artificialmente los precios.
En refuerzo a estas cuestiones, el parlamentario socialista salmantino ha aportado durante la rueda de prensa ejemplos que resultan especialmente significativos. “El 39% de las viviendas en alquiler del barrio Garrido en Salamanca, mi barrio, se destina a vivienda habitual” y los decretos del gobierno recogían que la continuidad en esta fórmula de habitabilidad impida que se utilice el mecanismo de la temporalidad para incrementar arbitrariamente el precio del alquiler a la hora de la renovación de los contratos. También se planteaba acabar con situaciones en las que el alquiler por habitaciones permite elevar el precio total de una vivienda y garantizar que, tras cinco años de residencia, el contrato pueda renovarse en las mismas condiciones.
Serrada además ha puesto en valor destacado las nuevas medidas que se incorporan a los decretos y que se han llevado de nuevo para su aprobación a la diputación permanente del Congreso. Entre ellas, préstamos de hasta 50.000 euros al 0% de interés para la compra de vivienda, 400 millones de euros adicionales para la construcción de vivienda y un refuerzo de las garantías para los pequeños propietarios ante posibles impagos, “como se ve son medidas que van en la línea de seguir protegiendo al pequeño propietario, pero también de garantizar que no haya condiciones abusivas en el precio del alquiler”.
El secretario general del PSOE de Salamanca ha reivindicado que el Gobierno está respondiendo a una demanda social creciente mientras PP, VOX y Junts optan por bloquear las soluciones. “Hay algunos partidos que estamos en la calle, que nos sensibilizamos con un drama social que existe en este momento como es la vivienda y que legislamos y llevamos medidas para intentar paliar este problema y hay otros partidos que a lo que se dedican es a votar en contra y a posicionarse en contra de la mayoría social de este país”.
Los socialistas salmantinos han exigido a la Junta que deje de mirar hacia otro lado para concluir, el problema de la vivienda exige que cada administración asuma su responsabilidad han reclamado, el Gobierno de España está poniendo leyes, recursos y financiación y la Junta de Castilla y León, “que ostenta la competencia exclusiva en vivienda” debe utilizar esos recursos, aplicar las herramientas disponibles y ampliar de forma efectiva el parque de vivienda.
Salamanca necesita que todas las administraciones estén a la altura de un problema “que ya se refleja en el bolsillo de sus ciudadanos, un 8% más de alquiler y un 17% más de precio de compra en apenas un año”, ha defendido Serrada para finalizar. “Y la política de vivienda debe dejar de ser una batalla de titulares y convertirse en una política efectiva de protección a las familias para empezar a equilibrar la balanza entre los que más tienen y los que más sufren”, ha concluido.
