Derecha y ultraderecha, unidas contra de la puesta en marcha de medidas para garantizar el derecho a la vivienda.
El Grupo Socialista defendió este 12 de febrero en el Pleno de las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley (PNL) instando a la Junta a poner en marcha medidas “concretas, posibles y necesarias” dirigidas a garantizar el acceso a la vivienda.
Más aún, en un momento en el que nuestra Comunidad debe aprovechar la oportunidad de los fondos europeos y dispone de más dinero que nunca procedente del Gobierno de España.
Pero, como es su tónica habitual, «las derechas han votado en contra» de la construcción, en los próximos dos años, de un parque público propio de 5.000 viviendas en alquiler asequible que permita la emancipación de los jóvenes y su permanencia en Castilla y León.
La PNL socialista incluye en sus propuestas la creación de una empresa específica para la gestión, promoción y planificación de este parque, garantizar el precio máximo de alquiler (30% de los ingresos de la unidad familiar) y la calificación permanente como vivienda de protección pública de las viviendas y suelos que se hayan beneficiado de ayudas públicas o construido en suelo público.
En su intervención en defensa de la PNL, el portavoz socialista de vivienda, José Luis Vázquez, subrayó que el acceso a la vivienda asequible «es percibido por la sociedad como el principal problema» y acusó al gobierno del PP de haber sido incapaz de «cumplir su obligación exclusiva de garantizar el acceso a la vivienda».
“La Junta incumple su propia ley de vivienda desde 2010 y hasta carece de la planificación exigida”, denuncio Vázquez, quien calificó de propuestas “imposibles e ilegales y a costa de las haciendas municipales que no tienen competencia en vivienda” las propuestas del PP.
Asimismo, contrapuso la defensa del derecho a una vivienda digna del Gobierno de Sánchez a la política de desregulación de los gobiernos de Aznar y Rajoy, y criticó la oposición del PP a la declaración de zonas tensionadas contemplada en la Ley del Gobierno y avalada por el Constitucional tras el recurso del PP.
