Planas: “La Ley de la Cadena Alimentaria funciona; ahora hay que fortalecer su aplicación”

Luis Planas ha explicado que el funcionamiento de la ley queda patente cuando se analiza lo que ha pasado con los precios en origen que perciben los agricultores y los ganaderos. “Su evolución ha sido positiva”, ha asegurado durante la XVII sesión ordinaria del pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria, en el que están representados todos los agentes (productores, pescadores, industria, distribución, consumidores, administración general del Estado y comunidades autónomas) y que ha presidido en sede ministerial.

El ministro ha expuesto que, en líneas generales, los datos económicos de los que dispone el ministerio apuntan a que desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023 los precios en origen han subido de forma muy significativa, incluso si se descuenta la inflación derivada del incremento de costes, que tuvo su momento más álgido en octubre de 2022, a los seis meses del inicio de la guerra en Ucrania.

A pesar de ello, ha matizado, esta evaluación en términos macroeconómicos hay que acompañarla de otra lectura microeconómica, que evidencia que hay situaciones comerciales muy diversas en las que de forma puntual sí ha habido mayores dificultades en la aplicación de la ley de la cadena.

Para mejorar el funcionamiento de este marco legal, el ministro, en línea con lo que anunció recientemente en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que ya se trabaja para aumentar las inspecciones relativas a su cumplimiento, con más análisis de las relaciones comerciales de las empresas con sus proveedores.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del ministerio, es la que coordina la inspección y las denuncias que reciben tanto esta organización como las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas encargadas de controlar el cumplimiento de la ley

El ministro ha invitado a que los representantes del eslabón más débil de la cadena, las organizaciones agrarias, formalicen denuncias de sus asociados ante las autoridades competentes, a la vez que ha solicitado a los responsables autonómicos que profundicen en su labor de control y tramitación de denuncias, que siempre garantizan la confidencialidad para no perjudicar al que la ha presentado. A estos últimos también les ha instado a que envíen aquellos estudios de costes que consideren que puedan ser de interés y que quieran compartir para que puedan ser publicados en un apartado específico que se va a crear en la web del ministerio.

El Observatorio de la cadena alimentaria ha reunido a los representantes de los diferentes eslabones involucrados en la cadena alimentaria, del Gobierno de España, las comunidades autónomas, las centrales sindicales y del Consejo de Consumidores y Usuarios.

Entre los participantes en la reunión figuran responsables del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Ministerio de Industria y Turismo; Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

También han asistido las asociaciones profesionales agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, las patronales de industria (FIAB) y distribución (ACES, Asedas y Anged), la Confederación Española de Comercio y Comisiones Obrerar (CC.OO.) de Industria. Además, han estado la organización hortofrutícola Fepex, la Confederación Nacional de Empresarios Mayoristas de Frutas y Verduras de España (Coemfe), los detallistas de pescado (Fedepesca), Mercasa y el Foro Interalimentario.

Las comunidades autónomas Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra también participaron en este encuentro.

Este Observatorio se convoca al menos dos veces cada año, es consultivo y no tiene estructura inspectora ni sancionadora, ya que es un foro que se concibió para aportar soluciones y buscar mejoras en el funcionamiento de la cadena alimentaria.

En esta sesión ordinaria, la primera que se celebra en 2024, se han presentado dos estudios que analizan la evolución de los precios y el consumo de alimentos y bebidas, así como la nueva versión de la herramienta de Estudios de costes y rentas de las explotaciones agrarias (Ecrea 2.0), diseñada por la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación del ministerio.

Uno de los análisis de la evolución de precios, el realizado por el INE, pone de relieve que la alimentación fue el grupo del Índice de Precios al Consumo (IPC) que más creció de media durante 2023, con una tasa del 11,7 %. Ese porcentaje fue más alto para los alimentos elaborados (13,3 %) y menor para los frescos (9,3 %). La fotografía a final del año arroja una subida interanual del IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas del 7,3 %, muy alejada del 15,4 % de enero de 2023.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presentado hoy en el encuentro la nueva versión interactiva ECREA 2.0, disponible ya en su página web, para poder consultar de forma sencilla información técnica y económica de actividades productivas. Su base de datos son las estadísticas de la Red Agraria Nacional (RECAN).

Esta herramienta permite consultar datos de superficie, producción, ingresos, costes y resultados técnicos y económicos de las explotaciones que componen la muestra, por cultivos y/o actividades ganaderas. Aparte de la información contable, permite acceder a la evolución de los costes y de los resultados económicos, así como al análisis territorial de las producciones.

Durante el Pleno se ha informado de que, en cumplimiento a la Disposición adicional tercera de la Ley de la cadena, el ministerio publicó en plazo, el informe con los elementos que intervienen en la distribución de los costes de producción de los productos agrarios, pesqueros y alimentarios, que han sido objeto de análisis en los estudios de la cadena de valor realizados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria.

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