El presidente del Gobierno ha desgranado cinco ejes de acción, consensuados con varios grupos parlamentarios, con la Comisión Europea y con la OCDE.
Si algo caracteriza al modo de hacer política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es su capacidad para convertir cualquier crisis en una oportunidad para el país. Lo mismo que tantas otras veces ha hecho el Gobierno socialista durante los últimos siete años, con la pandemia, con la inflación con la crisis energética, se hará ahora con la crisis de corrupción.
El líder del PSOE ha anunciado en su comparecencia en el Congreso de los Diputados un Plan de Lucha contra la Corrupción que llevará a España “a la vanguardia del continente” en esta materia.
Dicho Plan ha sido consensuado con varios grupos parlamentarios, pero también con organismos internacionales como la OCDE o la Comisión Europea. Consta de 15 propuestas articuladas en cinco ejes de actuación. El primero de ellos se centra en la prevención de la corrupción.
Su principal medida es la creación de una Agencia de Integridad Pública Independiente que asumirá funciones claves en la persecución de prácticas corruptas. Además, se empleará la inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para automatizar la identificación de posibles patrones de fraude.
También se refuerza la supervisión en el ámbito político. Los altos cargos públicos tendrán que someterse a controles patrimoniales aleatorios y los partidos políticos y fundaciones cuya financiación pública ascienda a más de 50.000 euros tendrán que realizar auditorías externas y publicar cualquier donación privada a partir de 2.500 euros.
El segundo eje se centra en seguir mejorando la protección y apoyo legal de los denunciantes, mientras que el tercero impulsará una mayor capacidad del Estado para investigar y sancionar la corrupción con secciones y jueces especializados en ello así como un refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción.
“Si queremos acabar con la corrupción, tenemos que perseguir a los corruptos, pero también a los corruptores”, ha defendido el presidente del Gobierno. “Detrás de cada mordida hay alguien que recibe pero también alguien que paga”.
Por ello, el Ejecutivo endurecerá las penas por delitos contra la Administración Pública, duplicará los plazos de prescripción, se aumentarán las multas a empresas corruptoras y se pondrá en marcha un sistema de exclusión y listas negras para impedir que puedan seguir contratando con la Administración.
Por otro lado, los partidos políticos que comentan infracciones contables y mantengan en sus listas o estructuras a personas condenadas por corrupción verán retirada su financiación pública. El cuarto eje supone un espaldarazo a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, aumentando sus recursos y su personal para que sea más fácil recuperar el dinero que ha sido robado.
Por último, el quinto de los ejes aborda “lo más difícil, pero también lo más transformador, generar una verdadera cultura de la integridad”. Sánchez ha considerado que “ningún sistema anticorrupción será completo si no va acompañado de un cambio cultural profundo”. Para ello, se lanzarán sondeos demoscópicos anuales, una campaña de concienciación ciudadana y se reforzará la formación a los empleados públicos en integridad y prevención.
La evolución de este plan contará con la supervisión de la OCDE, que emitirá un informe anual de acceso público. “Vamos a cumplir hasta la última coma”, le ha prometido el presidente del Gobierno al resto de grupos parlamentarios que realmente sí quieren luchar contra la corrupción y que no la usan para instrumentalizarla.
Ante el Pleno del Congreso, Sánchez ha vuelto a pedir disculpas por haber confiado altas responsabilidades a quien no las merecía. El líder del PSOE ha defendido que la corrupción tiene aún menos cabida entre los progresistas “porque es incompatible con los valores que defendemos: la igualdad, la justicia social y el valor de lo público”. Pero también ha defendido que “ante los problemas, los progresistas ofrecemos soluciones y resolvemos desafíos”. “No hacemos lo fácil, hacemos lo correcto”.
“Asumir la responsabilidad es pedir perdón, tomar medidas y seguir haciendo avanzar a España”. Por ello, y porque es un político limpio, Pedro Sánchez defiende que “tirar la toalla no es nunca una opción”. “Les aseguro que vamos a estar a la altura”, ha prometido ante los diputados y diputadas y también ante la ciudadanía en su conjunto.
