El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 226.032 millones para 2027 que garantizará los mayores recursos de la historia para sanidad, educación, vivienda e innovación.

Todos los años se calcula el crecimiento de los países y se hacen estimaciones que luego salen en las noticias y se comentan en las tertulias. Y da la sensación de que es algo abstracto, una meta a conseguir, un récord que hay que batir. Sin embargo, lo que nunca dicen en el telediario es que el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta que nos permite disponer de más recursos con los que proteger a la mayoría social y seguir transformando el país.

España lleva ocho años avanzando con un Gobierno socialista en el poder y podemos decir con la cabeza bien alta que se ha notado el cambio. ¡Vaya si se ha notado! Y no solo porque seamos una de las locomotoras de Europa, tengamos cifras récord de empleo o nuestro déficit se encuentre en su nivel más bajo en 18 años, sino porque hemos ampliado derechos, nuestros servicios públicos están más reforzados que nunca, hemos creado medidas que fomentan la igualdad de oportunidades y aprobado reformas, como la laboral, que han hecho de nuestro país un ejemplo para el resto.

Pero todo esto no sale de la nada. Cuando un país funciona como funciona España hoy en día es porque durante años se han tomado decisiones con una dirección clara: el crecimiento no está reñido con la protección ni con el cuidado del conjunto de la sociedad.

Por eso, el techo de gasto aprobado para 2027, que permitirá seguir acometiendo medidas que blinden nuestro Estado del bienestar, alcanzará la cifra más alta jamás aprobada: 226.032 millones de euros, un 88% más que en 2018.

Sin embargo, y a pesar de todo lo conseguido, hay algunos a los que les sigue pareciendo que “cuanto peor, mejor” y por eso el Partido Popular ha vuelto a votar en contra de la senda de estabilidad que daba a las comunidades, incluidas en las que el partido de Feijóo gobierna, un margen fiscal de 5.849 millones para los próximos tres años. Pero que no se engañen, no están votando en contra de este Gobierno, están votando en contra de los intereses de todos los territorios, incluidos los suyos. Una vez más, el tacticismo electoral de Génova y la cerrazón de sus dirigentes se han puesto por delante de las necesidades reales de los ciudadanos.

Aun así, los Presupuestos Generales para 2027 incluirán los mayores recursos de la historia en materia de vivienda, becas, dependencia, lucha contra la violencia machista o I+D.

Y un país que avanza, no solo lo hace cuando mejora su economía, sino cuando moderniza sus instituciones y refuerza los derechos de la ciudadanía. Por ello, el Gobierno ha apostado por una prioridad indiscutible: convertir la Justicia en un servicio público adaptado a las necesidades de la ciudadanía del siglo XXI mediante reformas estructurales, organizativas, procesales y digitales, además de crear, de una sola vez, el mayor número de plazas de jueces y fiscales en la historia de nuestro país: 200 plazas nuevas de fiscales y 500 plazas para jueces.

Porque la Justicia también tiene que responder a problemas que hace cuarenta años ni siquiera existían, el Gobierno ha impulsado una nueva Ley de Protección del Derecho al Honor, la Intimidad y la Propia Imagen que actualiza la legislación de 1982 para adaptarla a los retos de las redes sociales y la inteligencia artificial, reforzar la protección de los menores y devolver a los ciudadanos el control sobre su propia imagen y su voz.

Queda mucho por hacer, pero el rumbo está claro. Gobernar es elegir, priorizar y tomar decisiones. Y cuando esas decisiones ponen a las personas en el centro, cambian vidas.