«Con 47.000 niños y adolescentes viviendo en situación de pobreza severa y 85.000 en riesgo de exclusión social, los socialistas consideramos prioritario incrementar los recursos a dirigidos a ayudar a las familias que más lo necesitan».
El procurador socialista, Rubén Illera, ha criticado el gasto de más de 8 millones de euros realizado por la Junta en los últimos 10 años en asistencia y/o actividad religiosa en los centros sanitarios, «mientras durante su mandato, Mañueco ha reducido en 61 millones de euros las ayudas destinadas a las familias más vulnerables y mantiene las interminables listas de espera».
El Grupo Socialista formuló el pasado mes de noviembre una pregunta escrita referida a la colaboración económica de la Junta en cada uno de los últimos diez años para asistencia y/o actividad religiosa en los centros sanitarios de Castilla y León.
El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en respuesta firmada el 20 de enero, ha trasladado que el gasto asciende a la cantidad de 8.383.740 euros, cifra que resulta de la suma de las cantidades destinadas a cada área de salud en las nueve provincias y de El Bierzo. En el caso de Valladolid, se señalan las áreas de salud de Valladolid Oeste y Valladolid Este.
Tras la respuesta, el procurador socialista ha anunciado la presentación por parte del Grupo Socialista de iniciativas parlamentarias dirigidas a conocer «a qué acuerdos responden las cantidades asignadas a cada área de salud y los informes jurídicos que avalan esta necesidad».
Illera acusa a Mañueco de “no priorizar la atención a las verdaderas necesidades de los castellanos y leoneses y preferir los gastos superfluos”.
“Parece que el presidente de la Junta prefiere evitar invertir el dinero de todos los castellanos y leoneses en corregir las necesidades y desigualdades que sufren muchos ciudadanos, especialmente en el mundo rural“, critica.
En esta línea, lamenta que “Mañueco abunde en gastos que no responden al interés general como contratación de curas en vez de comprometerse económicamente a garantizar los servicios básicos en todo el territorio, generar oportunidades a los miles de jóvenes que se ven obligado a irse de Castilla y León o reducir las interminables listas de espera sanitarias».
Asimismo, reitera que «con 47.000 niños y adolescentes viviendo en Castilla y León en situación de pobreza severa y 85.000 en riesgo de exclusión social, la prioridad es incrementar los recursos dirigidos a ayudar a las familias que más necesitan el apoyo del gobierno autonómico y no los gastos superfluos».
