En Castilla y León, derecha y ultraderecha quieren sustituir las leyes de Memoria Democrática por las mal llamadas leyes de concordia.
El PP llegó al gobierno de numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos en 2023 gracias al apoyo de la ultraderecha. Los pagos del partido de Feijóo a Vox para mantenerse en el poder están incluyendo, entre otras cuestiones, la censura a la cultura, retrocesos en Igualdad y derechos LGTBI o la negación de los efectos del cambio climático.
A esta lista se suman ahora los pasos atrás en Memoria Histórica que PP y Vox están dando en Aragón, Comunidad Valenciana y ahora también en Castilla y León sustituyendo las leyes de Memoria Democrática por las mal llamadas leyes de concordia. Pero ¿qué implica la derogación de unas normas por otras?
En primer lugar, las iniciativas que los de Feijóo están presentando a nivel autonómico contradicen la Ley de Memoria Democrática, de ámbito estatal, y los principios básicos democráticos. Son un disparo en el corazón de nuestra Constitución, invaden competencias en materia de Derecho Internacional y contradicen los acuerdos internacionales firmados por España en materia de derecho humanitario así como las resoluciones de Naciones Unidas.
Además, estas leyes de falsa concordia dificultan o impiden que los familiares de los desaparecidos provocados por el franquismo encuentren a sus seres queridos. Hay que tener en cuenta que España es el segundo país del mundo, detrás de Camboya, con más desaparecidos en fosas comunes. Por otro lado, PP y Vox están llevando a tal punto su negacionismo que, incluso en Aragón se están eliminando los homenajes a los aragonés que perdieron la vida en los campos de concentración nazi.
Ninguna de las tres iniciativas presentadas, ni la aragonesa, ni la valenciana, ni la castellanoleonesa condenan el franquismo ni tampoco lo considera una dictadura. De este modo, PP y Vox equiparan lo que significa un régimen democrático con un régimen totalitario.
Todo este contenido legislativo pretende que se olvide que fue el Golpe de Estado de Franco al sistema democrático de la II República lo que ocasionó la Guerra Civil. Supone también un blanqueamiento del franquismo pues pretende olvidar a los cientos de miles de asesinados, torturados, encarcelados injustamente, a las mujeres que fueron violadas, al robo de bienes e inmuebles pertenecientes a la población progresista del país y a los cientos de miles de refugiados y exiliados que huyeron de la cárcel y de la muerte que les esperaba si se quedaban en la España franquista.
El Partido Popular fue fundado por ministros provenientes de la dictadura. Tal vez por eso, les costó tanto condenar el franquismo. Hubo que esperar hasta 2002, con Aznar, algo que se repetiría en 2021 con Pablo Casado. La actitud del PP de Feijóo supone una clara involución de un partido que se supone de centro derecha. Una postura que no se encuentra en ningún otro partido europeo y que seria impensable, por ejemplo, en Alemania. Pero los populares tienen que acatar las imposiciones de sus compañeros de viaje. Feijóo es un dirigente chantajeado por la extrema derecha.
Frente a esta legislación negacionista que pretende olvidar y que se no se conozca lo que supuso el franquismo, los socialistas vamos a defender a las víctimas de la dictadura y los valores de la actual democracia. De no pararse estas normas, el Gobierno ha anunciado que las recurrirá al Tribunal Constitucional por no cumplir los principios constitucionales, por invadir competencias y por no respetar los Derechos Humanos.
Paralelamente, el Gobierno de Pedro Sánchez seguirá desarrollando la Ley de Memoria Democrática, resignificando el Valle de Cuelgamuros, financiando las exhumaciones de los asesinados que aún siguen en fosas comunes y acompañando a las víctimas en el recuerdo de sus seres queridos.
