La Junta utiliza los fondos que vienen del Estado para hacer caja en vez de destinarlos a la Sanidad o a ayudar a trabajadores, autónomos y empresas

La Junta de Castilla y León, es decir, el gobierno bipartito de PP y C´s con Mañueco e Igea a la cabeza, están utilizando la pandemia y los fondos que han llegado del Gobierno de España “para hacer caja”.

Esta es la denuncia que han realizado hoy en rueda de prensa los procuradores del PSOE por Salamanca, Rosa Rubio, Juan Luis Cepa y Carmen García, donde han recriminado al ejecutivo regional que, en un año como el 2020, con la mayor crisis sanitaria y económica de nuestra historia, y cuando más se necesitan las ayudas, el refuerzo de la sanidad y la cobertura social, la Junta cierre las cuentas de ese ejercicio con superávit, dejando en el cajón, “ o no se sabe dónde”, los fondos y el dinero recibido por el gobierno de España para “ ayudar a los ciudadanos y no dejar a nadie atrás”

La evolución de las cuentas de la Comunidad en los últimos 10 años ha sido de déficit, ha indicado Rosa Rubio, poniendo como ejemplo el 2019, donde hubo un déficit de 433 millones, “¿por qué?”, se ha preguntado la procuradora salmantina, “ pues porque había elecciones y el partido popular se gastó el dinero de todos para contentar a algunos sectores”. El año pasado, las cuentas se han cerrado con un superávit de 24 millones de euros, o sea que la Junta ha ingresado más de lo que ha invertido, ha añadido Rubio, “es intolerable que haya utilizado los fondos que ha recibido del Estado para hacer caja en vez de ayudar a la gente”.

Los procuradores salmantinos han aportado varios datos en defensa de esta afirmación. En 2020 llegaron a la Comunidad desde el gobierno central 1.015 millones de euros como consecuencia de la pandemia, 843 de ellos provenían del Fondo estatal para destinarlos exclusivamente a gastos Covid pero, según datos de la propia junta de Castilla y León, solo han gastado 478 millones, “qué han hecho con el resto, en qué lo han empleado, por qué no se han destinado a gasto sanitario o a otro tipo de necesidades”, se han preguntado los parlamentarios socialistas.

Mientras el Gobierno de España cumple, y mantiene un compromiso firme para la protección de empresarios, trabajadores y colectivos o sectores vulnerables o con necesidades, ha añadido la procuradora Carmen García, la Junta de Castilla y León “mira para otro lado, no arrima el hombro, y hace caja en vez de aportar no ya solo lo que recibe sino lo que se compromete o le corresponde”

En este sentido, Carmen García ha recordado que el 19 de noviembre de 2020 la Junta ofreció al Estado, a través del Consejo de Gobierno, un Plan por el que se comprometía a abonar el 35%  de ayudas directas si el Gobierno aportaba el 50% y los ayuntamientos un 15%. El Estado ya ha aportado en ayudas directas específicas y adicionales 232 millones de euros a Castilla y León y ahora, ha indicado, solo falta que la Junta abone los 162 millones que le corresponde y de los que todavía no ha asignado ni un solo céntimo, “la Junta ha dejado el dinero en el cajón en lugar de destinarlo a ayudar a los que peor lo están pasando, y no solo eso, sino que además despiden y dejan en la calle profesionales sanitarios como ha ocurrido recientemente con muchas enfermeras en Salamanca” ha concluido.

Incidiendo en esta misma línea ha continuado Juan Luis Cepa, quien ha exigido a la Junta una mejor y más transparente gestión de los fondos Covid que está recibiendo “por todas las partes y las vías en vez de hacer caja”, haciendo referencia a una cuestión, “que ha pasado desapercibida y es también muy importante” como es la de los 75 millones de euros de fondos, “Fondos FEDER”, que ha recibido Castilla y León directamente de la Comisión Europea para gastos sanitarios, y otros 19 millones del Fondo Social Europeo, para pagar la parte proporcional de los ERTE que se iban a hacer desde el ejecutivo regional.

El procurador del PSOE por Salamanca ha pedido a la Junta, para finalizar, más respeto hacia los profesionales, a los agentes sociales, a trabajadores autónomos y por cuenta ajena y también “a los compromisos, las normas de convivencia y a la sanidad pública de esta tierra”.

 

 

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