El PSOE-CyL denuncia el cobro de rentas más altas y otros impuestos a viviendas protegidas mientras Mañueco mira para otro lado.
El PSOE de Castilla y León ha denunciado este 13 de octubre que la Junta de Castilla y León mira para otro lado y permite que se haga negocio con la vivienda protegida, tal y como ha señalado la secretaria de Vivienda del PSOECyL, Ana Casado, quien se ha reunido junto con el secretario general del PSOE-CyL, Carlos Martínez, con uno de los afectados, Daniel Rejón.
Rejón, que es arrendatario de una vivienda protegida en Laguna de Duero (Valladolid), está pagando 100 euros más al mes a un fondo de inversión que se beneficia de la “inacción” de la Junta.
El caso de Daniel Rejón evidencia un engranaje administrativo lentísimo para las familias y diligente con los intereses empresariales. Tras alquilar su vivienda hace más de un año junto a su pareja y su hijo cumpliendo todos los requisitos legales, el contrato fue presentado ante la Junta de Castilla y León para su visado.
La propia administración autonómica concluyó que existía un sobreprecio en la renta pactada, denegando el visado, además de señalar como irregulares el cobro del IBI y la renuncia al derecho de adquisición preferente impuestas al inquilino.
Pese a que la Junta detectó la irregularidad, esta vivienda sigue sin visado y sus inquilinos siguen pagar 427 euros al mes, cuando deberían abonar 340. Como consecuencia, se le deniegan las ayudas debido a no tener visado y la SOCIMI continúa cobrando la cantidad presuntamente ilegal amparándose en un recurso de alzada ante la Junta que, según denuncia el afectado, lleva más de un año sin resolverse a pesar de haberlo reclamado formalmente en noviembre de 2025 y marzo de 2026.
Casado ha recordado que la promoción de viviendas recibió en su día 1,5 millones de euros en subvenciones a fondo perdido y un préstamo subsidiado de 8,1 millones para garantizar un fin social que hoy, denuncian los socialistas, es «papel mojado».
El partido socialista exigirá responsabilidades en las Cortes de Castilla y León, reclamará el expediente completo y pedirá la apertura de un procedimiento sancionador y la devolución de las cantidades cobradas indebidamente.
