La Junta no utiliza 70 millones de euros para cursos de formación que podrían haber beneficiado a 35.000 parados

La “actuación negligente” pero “consentida” del Ejecutivo regional  ha beneficiado a empresas dirigidas por ex cargos del PP.

El Grupo Parlamentario Socialista denuncia que la Junta de Castilla y León se ha visto obligada a devolver al Estado 70 millones de euros destinados a cursos de formación que hubieran beneficiado a unos 35.000 parados de la Comunidad por una actitud “negligente” y a la vez “consentida” del Ejecutivo autonómico.

La causa se debe a la “concentración” de la adjudicación de cursos de formación a un reducido grupo de empresas tras las que están ex cargos del Partido Popular y que al no poder desarrollarlos han quedado desiertos.

Por otra parte, el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, José Francisco Martín, consideró una “estafa a los parados” que en el subprograma de Formación Ocupacional entre 2015 y 2017 no se hayan ejecutado 65 millones y que en el subprograma de Gestión de Empleo en ese período tampoco se hayan ejecutado 37 millones de euros. “¿Cómo se puede explicar que en una Comunidad con 150.000 parados” se dejen de ejecutar partidas presupuestarias para cursos de formación o reciclaje a desempleados?, se preguntó Martín.

Por eso, Martín ha pedido la comparecencia “urgente” del consejero de Empleo para explicar cómo se gestionan los cursos de formación del Ecyl, algo que el Grupo Socialista lleva toda esta legislatura investigando a pesar de las “trabas” de la Junta de Castilla y León, como señaló el portavoz de Empleo, Pedro González.

González también apuntó la posibilidad de la existencia de “información privilegiada” dado que uno de los centros en Ávila de esas empresas beneficiadas fue homologado justo unos días antes de la publicación en el BOCyL de un curso de formación en la ciudad.

Por otra parte, los dirigentes socialistas advirtieron que las bases para la adjudicación de los cursos de formación están “mal diseñadas”, porque no se ejecutan las partidas destinadas a ello y todas las empresas se quejan del sistema. Sin embargo, apuntó, que si se demuestra que “están mal diseñadas a propósito” para beneficiar a determinadas empresas podríamos estar ante posible caso de “prevaricación”.

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