El Gobierno de España cuenta con el respaldo de las CCAA y del conjunto del sector agrario en la defensa de la PAC.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Planas, ha subrayado que España insistirá en la defensa en Europa de una Política Agraria Común (PAC) sólida, con financiación suficiente, normas comunes claras y un enfoque que asegure la estabilidad del sector agrario y la igualdad de condiciones entre agricultores en toda la Unión Europea. Ha reiterado que el Gobierno cuenta con el respaldo de todas las comunidades autónomas, así como del conjunto del sector agrario (organizaciones profesionales agrarias y cooperativas).
En el Consejo de ministros de la UE, España, junto con Portugal, planteará la necesidad de establecer disposiciones transitorias entre la actual PAC y su futura reforma para garantizar la continuidad de las intervenciones sectoriales en los ámbitos vitivinícola y de frutas y hortalizas. El objetivo es aportar seguridad jurídica y evitar interrupciones en la ejecución de los programas, especialmente en el caso de inversiones plurianuales y convocatorias que requieren planificación anticipada.
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural
La Conferencia Sectorial ha debatido la posibilidad global de elevación de la asignación de fondos para los programas de promoción del vino en mercados de terceros países.
Este incremento que podrá elevarse hasta el 60 %, en aquellas comunidades autónomas que lo deseen, responde a la reciente modificación del reglamento europeo -de aplicación directa en los Estados miembros- que amplía el porcentaje máximo de cofinanciación desde el anterior porcentaje del 50 %.
La actualización de la ayuda supone un aumento respecto a la asignación aprobada en enero de 2026 para los programas de promoción que han presentado solicitud y permitirá reforzar la promoción del vino español en mercados internacionales.
También se ha aprobado la redistribución de fondos de desarrollo rural entre las comunidades autónomas con mayor grado de ejecución en 2023, que con la regla N+2, se ha extendido hasta 2025, debiéndose por tanto aplicar por primera vez en 2026.
Esta reasignación se realiza en aplicación del Mecanismo de Compensación por Buena Ejecución, que permite redistribuir fondos no utilizados, para optimizar el uso de los recursos disponibles.
