«Los socialistas denuncian que es una barbaridad que el 40% de la renta de los jóvenes tenga que destinarse al alquiler».
Incremento de la construcción pública y de los alquileres protegidos con parques de viviendas asequibles y, muy especialmente para jóvenes y personas o familias vulnerables o bajos ingresos.
Esta es una de las principales propuestas que el PSOE lleva en su programa en relación al problema de la vivienda en Castilla y León y que ha sido presentada en rueda de prensa por las candidatas a las Cortes por el PSOE en Salamanca, Noelia Merino y Claudia Martín, acompañadas por la secretaria general de la Agrupación Local Jaime Vera de la capital, María Sánchez.
Noelia Merino ha anunciado la creación de un Plan de choque, no ya solo general, sino también con medidas e iniciativas destinadas a los jóvenes tras lamentar “la sangría” poblacional que se está produciendo a este nivel. “Uno de cada dos jóvenes se tiene que marchar y emigrar de Castilla y León”, ha lamentado, y posibilitar que, “si quieren”, puedan quedarse “a vivir en su tierra” y facilidades también para el retorno y la vuelta de todos aquellos que se tuvieron que ir por falta de oportunidades.
“Sostenibilidad y accesibilidad asequible”, son las palabras que definen la promesa de crear un Consorcio público desde la Junta si el socialista Carlos Martínez es elegido presidente que gestione la puesta en marcha de vivienda pública protegida y además, saque al mercado y se pueda disponer de la gran cantidad de pisos que a día de hoy hay vacíos. “En Castilla y León hay un 22% de viviendas vacías, la tercera Comunidad de España”. Un Consorcio que incluya, ayudas y subvenciones para el acceso a viviendas y que estas se destinen a las personas que lo necesitan y no como, ha puesto como ejemplo, “vayan a cargos y familiares del PP tal ha pasado en Alicante o Valladolid”, impidiendo la especulación y el tráfico de influencias allí donde los populares gobiernan.
En cuanto a vivienda para jóvenes, el PSOE apuesta, ha insistido la candidata Claudia Martín, por planes específicos con, de manera más concreta, ayudas para las soluciones habitacionales, los alquileres y la compra, cumpliendo con el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, “digna y asequible”, que es lo que se necesita, “y no ayudas para sacar el carné de conducir”. Parece, ha remachado, “que Mañueco lo que sigue queriendo es que los jóvenes se sigan marchando de esta tierra” cuando lo que se necesita es “vivienda, empleo y oportunidades” para que puedan quedarse.
“Es una barbaridad que el 40% de la renta de los jóvenes, y algunos ni siquiera esto se pueden permitir porque no tienen ingresos, tenga que dedicarse al alquiler”, ha añadido, y este el modelo ocupacional que Mañueco ha instaurado, “es inadmisible” y de una vez por todas la Junta tiene que asumir sus competencias, el 15 de marzo hay una oportunidad para ello, porque los jóvenes “tienen derecho a quedarse y a retornar”, ha concluido, “basta ya de especular con su futuro”.
Por su parte, María Sánchez ha puesto el foco en la capital salmantina, culpando tanto a Mañueco como al alcalde Carbayo de la crisis habitacional y de los problemas de vivienda para los jóvenes y las familias, “que ni quieren ni saben resolver”, ha denunciado.
“La mitad de la renta hay que dedicarla al alquiler, que ha subido un 50%” en Salamanca en la última década” donde ha puesto, como ejemplo. “Pizarrales es uno de los barrios más caros y con menor renta”, ha recordado, “Mañueco tiene las competencias en vivienda y Carbayo hace los planes y los desarrollos urbanísticos”, lo que ha calificado como “una ciclogénesis explosiva” en materia de vivienda, o lo que es lo mismo, “una pésima gestión de la Juna con un alcalde que acata y mira para otro lado”.
En Salamanca, Carbayo se ha negado a solicitar que la capital sea zona tensionada en materia de alquiler, “y estos siguen sin control”, ha creado una regulación “errática” en materia de pisos turísticos “y no los limita”. A pesar del alto número de viviendas vacías, no ha procedido a censarlas, ha añadido Sánchez, “impidiendo el acceso y también la protección a sus propietarios para que las pongan en alquiler” por no hablar de su negativa a crear “un Plan de vivienda pública potente tanto para la venta como para el alquiler” y las que se han hecho, “a cuentagotas”, han sido financiadas directa o indirectamente por el Gobierno de España, ha achacado.
