El PSOE consigue que las Cortes apoyen que la Escuela de Policía sea centro adscrito de la Universidad de Salamanca

La Comisión de Educación aprueba una Proposición no de Ley, defendida por el Procurador del PSOE por Salamanca, Fernando Pablos, en la que la Cámara Autonómica insta a la Junta a impulsar, de forma inequívoca, y ante el Gobierno de España, esta decisión y su firme apuesta para que la Escuela Nacional de Policía con sede en Ávila sea un centro adscrito de la USAL.

Una iniciativa del PSOE que ha sido aprobada por unanimidad en la sesión de la Comisión de Educación celebrada hoy en las Cortes de Castilla y León ha logrado que la Cámara autonómica inste a la Junta a impulsar de forma inequívoca, y trasladar este posicionamiento favorable al Gobierno de España, para convertir la Escuela Nacional de Policía en un centro adscrito a la Universidad de Salamanca.

El Procurador socialista por Salamanca, y portavoz de Educación del Grupo Parlamentario del PSOE en la Cámara Autonómica, Fernando Pablos, que ha sido el encargado de defender esta propuesta, ha recordado que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aprobada en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 104.2 de la Constitución Española de 1978, cuenta entre sus objetivos más relevantes la redefinición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para adecuarlos a los requerimientos propios de un Estado social y democrático de Derecho.

Una Ley que impuso un profundo cambio en el modelo de formación académica, tanto en la metodología como en los contenidos, y que contempla que sea una universidad pública la que se encargue de la formación universitaria de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La colaboración de las universidades públicas desde los años ochenta con los Ministerios del Interior y de Defensa dio excelentes resultados. Se llegaron a definir estudios universitarios específicos y especializados para los cuerpos y categorías más altos, vinculados al mando y la dirección.

En este sentido, ha insistido Pablos, la Universidad de Salamanca y el Ministerio del Interior iniciaron una intensa y fructífera colaboración en 1987 en el marco de la Escuela Nacional de Policía con sede en Ávila, rota solamente cuando, de manera irresponsable, injustificable y en contra de la ley, el Gobierno de Rajoy decidió darle a la Universidad Católica de Ávila, un centro privado, la docencia y la formación de la policía durante un curso académico, el 2016-2017.

En este marco de colaboración, entre el Ministerio del Interior y la Universidad de Salamanca ha explicado el parlamentario socialista salmantino, ha sobresalido la articulación de los planes de estudios de nivel universitario, que ha culminado con su reciente adaptación a los parámetros del Espacio Europeo de Educación Superior, la impartición de docencia por el profesorado universitario de diversas áreas de conocimiento, la aprobación de ámbitos formativos pioneros en el campo de las Ciencias de la Seguridad, como, por ejemplo, el relativo a los detectives privados, y la participación de miembros del Cuerpo Nacional de Policía como docentes y estudiantes, en títulos oficiales y propios, en cursos y programas de distinta índole, el impulso del doctorado y de proyectos de investigación.

Todo lo dicho anteriormente, ha continuado Pablos, son razones más que suficientes y justifican que la conversión de la Escuela Nacional de Policía en centro adscrito de la Universidad de Salamanca sea un objetivo de relevancia para seguir avanzando en la actividad académica conjunta antes descrita.

El Rectorado de esta Universidad pública ha venido perfilando esta opción institucional, en la línea de lo ya existente con otras universidades públicas para la formación de nivel universitario de la Guardia Civil (Universidad Carlos III de Madrid) o de las Fuerzas Armadas (Universidades de Alcalá, Zaragoza, Politécnica de Cartagena y Vigo). Una opción que debe convertirse en una realidad y en la que no puede ni debe faltar el respaldo de la Junta de Castilla y León, ha concluido el procurador salmantino.

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