Los de Feijóo no hacen pactos para atender a la mayoría, sino para escorarse, más aún si cabe, a la derecha.

Cuando el PSOE ha estado en la oposición siempre se ha comportado como un partido de Estado.

Lamentablemente, no podemos decir lo mismo del Partido Popular, que ha decidido anteponer su bloqueo a los intereses de los españoles. Lo ha hecho en todos y cada uno de los grandes avances que ha vivido este país bajo el liderazgo del Gobierno progresista: no a subir el Salario Mínimo Vital, no a revalorizar las pensiones, no al derecho de morir dignamente, no al Ingreso Mínimo Vital, no a los ERTE que protegieron a más de 3,5 millones de trabajadores en este país, no a la reforma laboral que ha logrado más estabilidad, mejores condiciones y 22 millones de empleos. Y, ahora también, no al Decreto de Vivienda que prorroga el alquiler de 2,6 millones de personas. Hasta en esto tenemos el no del Partido Popular.

Los de Feijóo no hacen pactos para atender a la mayoría, sino para escorarse, más aún si cabe, a la derecha. Lo hemos visto recientemente en Extremadura o en Aragón: gobiernos condicionados por Vox desde el primer día. Acuerdos que son cesiones totales a la ultraderecha. Hemos visto una “prioridad nacional” que no es solo un concepto, es un programa: desigualdad, discriminación y ruptura del principio de igualdad. Ese es el camino que proponen: menos derechos y menos democracia.

Se han empeñado en focalizar el problema de la vivienda en ese pacto racista y xenófobo, ignorando que el problema es de acceso y que los extranjeros que agrandan esta dificultad son precisamente aquellos que vienen con la cartera llena a comprarse barrios enteros. Este es el PP que tenemos enfrente, el que se aleja de las medidas que facilitan la vida a la gente, que protegen y ayudan, y se posiciona al lado de los intereses de los especuladores, de los grandes tenedores, rindiendo pleitesía, como de costumbre, a quienes más tienen. A quienes están expulsando a las familias de los barrios, “convirtiendo los centros urbanos en parques temáticos”, como ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el foro ‘Bloomberg CityLab 2026’.

Sánchez ha indicado además que la especulación inmobiliaria está destruyendo «el alma y la identidad de las ciudades» y ha argumentado que, en capitales como Madrid, hay familias que tienen que destinar más del 70% de sus ingresos a la vivienda. «Algo que, sin duda alguna, es una fuente de injusticia social”. Ante eso, afirma, hay dos caminos. “Mirar hacia otro lado o intervenir un mercado que no funciona. Y nosotros hemos decidido también, a nivel estatal, intervenir un mercado que no funciona».

PP Y VOX, DE LA MANO

Mientras tanto PP y Vox han vuelto a dar la espalda a la mayoría social de este país, a millones de hogares. Y es que con el modelo del PP siempre pagan quienes menos tienen. Ya lo dijo Ayuso hace unos días: “Cada uno tiene derecho a poner su vivienda al precio que le convenga”, toda una declaración de intenciones. Sus políticas buscan aumentar la desigualdad entre españoles porque es en esa vulnerabilidad ciudadana donde la derecha campa a sus anchas. Es la misma estrategia que emplean a la hora de resolver conflictos o de luchar por la convivencia. Parece que cuanto más divididos estén los territorios, cuanta más crispación y decibelios, ellos llegarán antes al Gobierno.

Se equivocan de camino una vez más. Su irresponsabilidad ataca directamente a los bolsillos de las familias, a su seguridad y a su bienestar. No aplican la Ley de Vivienda allí donde gobiernan -una ley que saben que funciona-, pero tratan la vivienda pública como si fuera su propio cortijo. Ahí están los escándalos de Alicante, Málaga o Palencia, por citar alguno.

Una Ley de Vivienda, la primera en democracia, que permite a las comunidades autónomas declarar zonas tensionadas para limitar los precios de forma sensata, y que proporciona herramientas para impulsar una oferta de una vivienda más asequible. La única condición es querer aplicarla. Barcelona, por ejemplo, lo hizo, y los resultados son los que son: desde el año 2024, el precio de los nuevos alquileres ha bajado un 2,7%.  Y, por el contrario, allí donde no se aplica los precios siguen subiendo de manera desbocada.

La diferencia es clara: el PSOE triplica la inversión, impulsa el mayor Plan Estatal de Vivienda para ampliar el parque público, para frenar la especulación y para garantizar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar. El PP no aplica la ley donde gobierna y trata la vivienda como un negocio. Un negocio para ellos y sus amigos, claro.

Nos tendrán enfrente, como siempre, trabajando para proteger a las personas, para combatir el fraude en los alquileres y para avanzar en medidas que garanticen la dignidad.