El importe bruto destinado asciende a 119,5 millones de euros, con un total de 7.791 expedientes aprobados.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se puso en marcha en junio del año 2020, y desde entonces ha llegado ya a 7.791 hogares de la provincia de Salamanca, con un total de 22.091 beneficiarios (12.129 mujeres y 9.957 hombres).

Así se desprende de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que revelan además, que el importe bruto de la nómina destinado para esta prestación en la provincia asciende a 119,5 millones de euros entre supuesta en marcha y el pasado mes de octubre de 2025.

En cuanto a los datos referentes al mes anterior, el número de prestaciones fue de 5.162 y el de beneficiarios de 15.261 (8.292 mujeres y 6.969 hombres), mientras que el importe bruto de la nómina fue de 3,48 millones de euros y la cuantía media por hogar, de 483,15 euros.

¿QUÉ ES EL INGRESO MÍNIMO VITAL?

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además, tanto la persona solicitante como su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.

El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde mayo, los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementa, se reduce o se extingue.