A partir del 1 de julio, las CCAA recibirán una mayor dotación económica para continuar reduciendo listas de espera, contratar a más personal, mejorar sus condiciones, ofrecer más servicios y ampliar otros como los cuidados a domicilio.
El Consejo de Ministros ha aprobado este 23 de junio un real decreto-ley con el que el Gobierno de España va a realizar la mayor inversión de su historia al sistema de la dependencia: 6.200 millones de euros más solo entre 2026 y 2027.
Una cifra récord que se alcanzará mediante una reforma estructural de la financiación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) y que consistirá en un incremento de las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tenga reconocido un grado de dependencia. Cuantías que serán duplicadas en el caso de las personas con mayor dependencia y que, por tanto, requieren más recursos:
Las cuantías para el grado III (gran dependencia) suben un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes.
Las cuantías para el grado II (dependencia severa) suben un 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes.
Las cuantías para el grado I (dependencia moderada) suben un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.
En total, estos incrementos implican que la aportación económica del Gobierno de España a la dependencia alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones de euros en 2027. Esto supone que el año que viene, la inversión del Estado en dependencia será el doble que en 2025 y cinco veces más que hace una década, cuando el ejecutivo que gobernó entre 2011 y 2018 recortó su aportación al SAAD en más de 5.400 millones de euros.
Recortes que fueron revertidos en la pasada legislatura con un plan de choque que puso en marcha el Gobierno de España y que permitió duplicar la aportación estatal.
De esta manera, el Gobierno de España da el primer paso para refundar el sistema de la dependencia, ampliando su aportación a la financiación del SAAD.
Lo hace a través del real decreto-ley aprobado este martes, cuyos efectos serán inmediatos. A partir del 1 de julio de este año 2026, la AGE (Administración General del Estado) comenzará a transferir una cantidad mayor de dinero a los gobiernos de las CCAA (Comunidades Autónomas), que son quienes tienen la competencia exclusiva de gestionar la dependencia.
Además, se blinda a futuro esta inversión ampliada ya que supondrá una obligación para el Estado, independientemente de cuál sea el gobierno y de su situación presupuestaria, y dado que estas nuevas cuantías para cubrir los niveles mínimos de protección sólo podrían revertirse por una norma con rango de ley.
Se consolida así esta nueva financiación, con el objetivo de mejorar la calidad de atención y, al mismo tiempo, enfrentar nuevos retos como el envejecimiento de la población o los cambios en las estructuras familiares.
Igualmente, este incremento en la financiación supondrá, de manera inmediata, aumentar las prestaciones de más de 1,6 millones de personas en España (hay 1.682.785 personas con prestación efectiva según los últimos datos publicados por el Imserso, a fecha de 31 de mayo de 2026, en nuestro país). Y, así mismo, esto se traducirá en que en 2027 la aportación del Estado al SAAD alcanzará el 50% del gasto total de la dependencia, lo que implica que el Gobierno culmine este compromiso político firmado en el acuerdo de coalición.
Más inversión, más mejoras
Con este importante paso para refundar el SAAD, el Gobierno de España no sólo pone a disposición de los gobiernos de las CCAA más recursos para poder llevar a cabo mejoras en el sistema, también para que puedan avanzar hacia el nuevo modelo de cuidados que impulsó el Ministerio de Derechos Sociales hace dos años con una estrategia estatal para desinstitucionalizar a las personas en situación de dependencia. Es decir, para dejar atrás un enfoque asistencialista de los cuidados y avanzar hacia uno más centrado en la persona, en el que disponga de más derechos y autonomía, y que priorice su voluntad (como la de vivir en su hogar o en entornos próximos y comunitarios).
Con este objetivo, los gobiernos autonómicos dispondrán ahora de una mayor cantidad económica cada año para invertir en dependencia y en mejoras como:
Continuar reduciendo listas de espera para acceder a una prestación por dependencia, agilizando el sistema y minimizando la burocracia.
Contratar a más trabajadoras para ofrecer cuidados a las personas en situación de dependencia y mejorar sus condiciones laborales.
Ofrecer más y mejores servicios a las personas en situación de dependencia, especialmente aquellas en una situación más grave.
Ampliar la atención a domicilio e incrementar los centros de día.
Invertir más en tecnología y consolidar servicios como la teleasistencia
Transformar los centros residenciales para superar el modelo de las macrorresidencias y habilitar espacios en el que los usuarios tengan más autonomía, en sintonía con los diferentes proyectos residenciales que el Gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años a través del PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).
Una inversión social con retorno económico
Además de todas las mejoras que podrán aplicarse con este incremento en la financiación de la dependencia, el Ministerio de Derechos Sociales estima que esta política social tendrá una elevada rentabilidad económica y social, y que será capaz de generar un impacto significativo sobre la actividad económica, en base a diferentes estudios publicados al respecto en los últimos años.
Uno de esos estudios fue publicado hace un mes con el título «El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España», y realizado por el CENIE (Centro Internacional sobre el Envejecimiento). Según este informe, que analizó el plan de choque del Gobierno de España para revertir los recortes en el SAAD, cada euro que se invirtió en dependencia generó 1,6 euros de actividad económica. El estudio también señala que esta inversión creó 95.000 empleos directos en el sector y que el 49% del gasto en este sistema regresó a las administraciones públicas a través de cotizaciones sociales e impuestos.
En base a estos datos, el Ministerio de Derechos Sociales estima que, a partir de este 2026, la mayor inversión que va a hacer el Estado en dependencia con esta plan de expansión puede traducirse en un impacto económico cifrado en hasta 4.000 millones de euros, con un retorno aproximado a las arcas públicas de 3.000 millones de euros, posibilitando además que se creen cerca de 100.000 nuevos empleos.
