El PSOE de Salamanca, a través del diputado David Serrada, manifesta su total apoyo a estas medidas encaminadas a eliminar las ventas a pérdidas de los productos agropecuarios, establecer ventajas fiscales para el acceso de los jóvenes a las explotaciones, mejorar los derechos labores de los trabajadores del campo, y aumentar las garantías y la seguridad de los contratos entre las partes implicadas en la cadena alimentaria.
El parlamentario salmantino afirma que estas medidas, fruto del consenso y el acuerdo, es solo el primer paso de otras muchas que vendrán para solucionar la crisis que atraviesa el sector, uno de los principales motores de la economía salmantina.
El diputado del PSOE de Salamanca en el Congreso, David Serrada, ha manifestado, en nombre de todos los socialistas salmantinos, el apoyo total a las medidas adoptadas por el Gobierno progresista de España para mejorar la situación de los agricultores y ganaderos en nuestro país, y muy especialmente en la provincia de Salamanca.
Y es que, ha dicho el parlamentario salmantino, la agricultura y la ganadería son dos de los motores económicos de la provincia, y el PSOE de Salamanca no es, ni quiere serlo, ajeno a la problemática por la que atraviesa el sector.
Una problemática que tiene que ver con la política de precios, con la protección de los alimentos y las garantías que estos productos deben y tienen que tener frente a otros productos que vienen desde otros países, y que también tiene que ver, si del futuro del campo hablamos, con el acceso de los jóvenes a las explotaciones agropecuarias.
El Gobierno, ha afirmado Serrada, “ha tomado importantes decisiones que le van a venir muy bien a Salamanca, y que tienen que ver con acciones contra las ventas a pérdidas, con mejoras fiscales para que los jóvenes puedan acceder a una actividad empresarial ya sea en la agricultura o la ganadería, y con otras de las reivindicaciones del sector como es que los contratos que se establezcan entre los distribuidores y entre los agricultores y ganaderos cubran al menos los costes de producción”.
Medidas que se han tomado con el acuerdo de todas las partes implicadas, “es un primer paso, un paso importante pero creemos que hay que seguir dialogando, y esa es la actitud del gobierno, seguir dialogando con las principales organizaciones de agricultores y ganaderos para conseguir que el sector mejore y la agricultura y la ganadería tenga futuro y vida” ha concluido el diputado socialista por Salamanca.
El Consejo de Ministros aprobaba ayer un Real Decreto Ley con medidas urgentes para garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria.
Unas medidas concretas que tienen como finalidad evitar el abandono de las explotaciones agrarias e impulsar el reequilibrio entre todos los eslabones (productores, cooperativas, industria alimentaria, distribución y consumidores) y que se resumen de la siguiente forma.
MODIFICACIONES LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA
Costes de producción. La nueva norma introduce el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, que se incluirá como un factor obligatorio a tener en cuenta para establecer el precio en los contratos agrarios.
Es decir, que se incorpora, como cláusula obligatoria, incluir en los contratos la indicación expresa de que el precio pactado -entre el productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de los mismos y su primer comprador- cubre los costes de producción.
Actividades promocionales. Para evitar la banalización de los productos, se exige que el lanzamiento y desarrollo de promociones, que se realicen en el ámbito de aplicación de la ley de la cadena alimentaria, se basen en un marco de acuerdo y libertad de pactos, interés mutuo y flexibilidad para adaptase a las circunstancias particulares de los distintos operadores.
Unas actividades promocionales que no podrán inducir al error sobre el precio o imagen de los productos, ni perjudicar la percepción en la cadena sobre la calidad o el valor de los productos.
Prohibición de venta a pérdida o destrucción de valor en la cadena. Otra de las novedades es la prohibición de destruir valor a lo largo de la cadena. Para ello cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción.
Publicidad de las sanciones graves y muy graves. En el nuevo Real Decreto-Ley se consideran graves, infracciones que antes eran leves, como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en el precio. Se consideran como infracciones graves la destrucción de valor en la cadena alimentaria, así como realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos.
Adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea en la materia, se prevé la publicidad de las infracciones graves y muy graves que sean firmes, en vía administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, en vía judicial.
MEJORAS EN LA TRIBUTACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES
En materia de fiscalidad, la norma aprobada hoy introduce modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes agricultores que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas.
Con esta modificación se garantiza una mejora del tratamiento fiscal, ya que se permitirá imputar en cuatro años los importes recibidos en las ayudas a la primera instalación, de forma que el impacto fiscal no se concentre en el año en que se reciben, lo que incentiva la apuesta por el relevo generacional.
PROTECCIÓN TRABAJADORES EVENTUALES
También se introducen importantes medidas en materia de empleo para hacer frente a las especiales circunstancias del mercado laboral en el ámbito agrario y se fijan medidas de protección de los trabajadores eventuales del campo.
Se establece una medida de carácter social, que tiene como destinatarios a los trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura, afectados por el descenso de actividad, mediante la reducción a 20 del número de jornadas cotizadas (peonadas) necesarias para acceder al subsidio por desempleo, así como a la renta agraria. De esta forma se refuerza la protección social de un colectivo vulnerable de personas trabajadoras.
La norma recoge bonificaciones para la conversión de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos o en contratos fijos discontinuos, pertenecientes al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social.
Se facilitará la bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes, distinguiéndose su cuantía en función del encuadramiento del trabajador y de la modalidad de cotización, mensual o por jornadas reales trabajadas.
Para introducir medidas positivas para reducir la brecha de género, se establecen cuantías incrementadas en el caso de la conversión de contratos de mujeres trabajadoras.
Igualmente se contempla una modificación de la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, incluyendo, dentro de su ámbito de actuación los locales, viviendas, u otros lugares habilitados para las personas trabajadoras, en los que residan, se alojen o puedan permanecer los trabajadores y hayan sido puestos a disposición de los mismos por el empresario, aun cuando no se encuentren en las empresas, centros y lugares de trabajo en que se ejecute la prestación laboral.
