Derecha y ultraderecha dicen ‘NO’ a la propuesta del PSOE-CyL que busca dar respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda.

El Partido Popular y sus socios de la extrema derecha han rechazado este 28 de septiembre en la Comisión de Presidencia una propuesta del Grupo Socialista para garantizar la función social de la vivienda protegida y para garantizar el alquiler estable de larga duración.

La iniciativa, defendida por la portavoz socialista en la materia, Ana Casado, buscaba también avanzar hacia un modelo de protección permanente que preserve el parque público y protegido a largo plazo, y promover fórmulas que favorezcan el alquiler estable y de larga duración como respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda.

Casado sostuvo que la sociedad «está mirando atentamente qué hacemos frente a este problema y exige respuestas útiles, valientes e inmediatas«. Esta propuesta también planteaba reforzar los mecanismos de inspección administrativa para garantizar que las viviendas protegidas cumplen el fin para el que fueron concebidas y llegan efectivamente a quienes las necesitan.

Durante el debate, Casado recordó que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que las instituciones no pueden seguir aplazando decisiones.

De hecho, señaló que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 supone un cambio de paradigma respecto de los anteriores planes de vivienda, al concebir la vivienda protegida como un recurso estratégico y permanente al servicio del interés general y de las generaciones futuras, reforzando la necesidad de preservar el parque de vivienda protegida y de garantizar su utilización continuada para atender las necesidades residenciales de la población con mayores dificultades de acceso a la vivienda.

Por ello, resulta «necesario” adaptar el conjunto de la normativa autonómica en materia de vivienda a los principios y objetivos establecidos en el Real Decreto 326/2026, incorporando un marco jurídico que garantice la protección permanente de la vivienda, su función social, la atención prioritaria a jóvenes y colectivos vulnerables y la transparencia en los procedimientos de adjudicación.

El Grupo Socialista lamentó el voto en contra de PP y Vox, al considerar que supone desaprovechar una oportunidad para fortalecer la protección permanente de la vivienda asequible, impulsar un parque residencial orientado al alquiler estable y reforzar las garantías de control y cumplimiento de la función social de la vivienda protegida. Para el PSOE, esta negativa aleja a Castilla y León de las medidas que ya están adoptando otras administraciones para facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes, familias y colectivos con mayores dificultades.