El Grupo Socialista ha registrado una PNL con una batería de preguntas para pedir a la Junta que respete el Estado de Derecho.
El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido a la Junta de Castilla y León que no utilice a los menores migrantes como instrumento de confrontación política y respete el Estado de Derecho.
Así lo ha señalado la portavoz de Desregulación y Familia del Grupo Parlamentario Socialista, Carmen Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista, tras la intención del consejero de Desregulación, Carlos Pollán, de realizar pruebas de determinación de edad a menores extranjeros no acompañados derivados a la Comunidad.
Esto, ha añadido, “genera una profunda preocupación por el riesgo de que unas pruebas que la ley y la jurisprudencia contemplan como absolutamente excepcionales, terminen convirtiéndose en una práctica sistemática, indiscriminada y con fines políticos”.
Así, según ha explicado Iglesias, la doctrina del Tribunal Supremo es “clara” y está “plenamente consolidada” desde 2014. “Un menor que disponga de un pasaporte o documentación oficial válida no puede ser sometido a pruebas médicas de determinación de edad salvo que existan indicios concretos, razonados y debidamente motivados de que esa documentación no es fiable”, recoge.
Asimismo, según recuerda el PSOE, el Alto Tribunal exige que cualquier decisión esté precedida de un juicio individualizado de proporcionalidad y recuerda que la apariencia física, por sí sola, nunca justifica cuestionar la edad de un menor ni someterle a pruebas médicas.
“Estas garantías no son opcionales. Constituyen una obligación legal derivada de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la protección reforzada que reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño al interés superior del menor”.
Sin embargo, la Junta no ha aclarado qué criterios objetivos justificarán estas pruebas, qué protocolo seguirá la Administración, ni qué garantías jurídicas acompañarán su aplicación. “Esa ausencia de concreción alimenta la preocupación de que la medida responda más a una estrategia política vinculada al debate sobre el reparto de menores que a una necesidad real acreditada por datos objetivos”.
Por ello, el Grupo Parlamentario ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para instar a la Junta a garantizar que cualquier prueba de determinación de edad se ajuste estrictamente a la doctrina del Tribunal Supremo, con motivación individualizada y respeto al principio de proporcionalidad.
Impedir que estas pruebas se soliciten de forma sistemática o indiscriminada; elaborar y publicar un protocolo transparente que establezca los criterios objetivos para su eventual utilización; remitir trimestralmente a las Cortes información detallada sobre las pruebas realizadas, sus resultados, costes y autorizaciones judiciales o fiscales; y formar específicamente al personal implicado en la protección de menores sobre el interés superior del menor y la jurisprudencia vigente.
Junto a esta iniciativa, el Grupo Parlamentario ha registrado quince preguntas para que la Junta explique qué datos avalan este cambio de criterio, cuántos casos reales de adultos tutelados como menores se han detectado en Castilla y León durante los últimos cinco años, cuál será el coste de la medida, qué respaldo científico posee, qué garantías tendrán las personas afectadas y qué competencias considera que le permiten impulsar esta iniciativa.
