«En 2025, cuatro de cada diez empleos en Europa tuvieron su origen en España»

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hablar del hito histórico registrado en el contexto del extraordinario crecimiento de empleo en nuestro país, que ha llegado el pasado día 30 de marzo a los 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social.

En su intervención, comparó estos datos con datos de la zona euro: “solo en 2025, 4 de cada 10 empleos en Europa tuvieron su origen en España” y destacó que “La calidad del empleo ha mejorado notablemente, cerca del 90% de los contratos son indefinidos”.

La ministra portavoz Elma Saiz atribuyó estos datos a dos razones: la primera, a un profundo cambio estructural y la segunda, “es fruto de una política económica bien orientada, de una reforma laboral audaz, consensuada, con el epicentro en el diálogo social”.

En el turno de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, comenzó reconociendo el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo y a interrumpir voluntariamente su embarazo y la importancia de blindar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la Constitución Española. Para ello, se incorpora en el artículo 43 un nuevo párrafo validado por el Consejo de Estado: “El texto que proponemos es el siguiente 43.4 de la Constitución, los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarias”

La ministra recalcó que, si bien no está en riesgo la libertad de las mujeres para interrumpir voluntariamente su embarazo, sí lo está “el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional” debido a la disparidad de los territorios en los que se practica en la sanidad pública, siendo un 60% en Cantabria o en La Rioja y “apenas no llegan al 1% las interrupciones voluntarias del embarazo que se producen en la sanidad pública lo hacen en Madrid o en Andalucía”.

Esta modificación de la Constitución supondría la quinta y exige, como subrayó la ministra de Igualdad, “mayorías cualificadas, exige grandes consensos y exige mucho diálogo y un procedimiento que implica las tres quintas partes de votación positiva en el Congreso y tres quintas partes de las votaciones positivas en el Senado”.

Esta iniciativa responde a tres razones principales. En primer lugar, ha advertido de un “movimiento ultra reaccionario que ha puesto en la diana, precisamente, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

En segundo lugar, ha destacado que la reforma permitirá consolidar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, reforzando el derecho a decidir de las mujeres: “al incorporar el texto constitucional, le damos mayor motivo, mayores razones jurídicas”

Y por último ha apelado a la coherencia institucional y social, recordando que España es un país “referente en materia de igualdad” y que una amplia mayoría respalda este derecho.

La ministra de Igualdad terminó su comparecencia anunciando el refuerzo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género mediante la distribución de 160 millones de euros a las comunidades autónomas para garantizar el mantenimiento de los programas y servicios de atención.

“Creo que nuestro compromiso, el compromiso de este gobierno es indiscutible, es firme, es completo con los derechos de las mujeres y contra las violencias de todo tipo, violencia de género y violencias sexuales, en definitiva, contra las violencias machistas”.

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