El secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, ha impulsado esta iniciativa para defender a las trabajadoras y trabajadores.
El PSOE sigue comprometido con Salamanca, Castilla y León y España, en su lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Más aún, ante el anuncio hace ya varias semanas de la empresa Majorel (sede en Carbajosa de la Sagrada) del despido de 170 personas en el mencionado centro, un golpe muy duro para muchas familias y para la economía de la provincia.
Por ello, los socialistas de Salamanca han denunciado en innumerables ocasiones esta situación, además de mantener reuniones de trabajo con el Comité de Empresa, para evitar que esta situación se lleve a cabo y el ERE impuesto deje sin trabajo a 170 personas.
Hace solo unos días, varios diputados socialistas, entre los que se encuentra el también secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, han registrado una Proposición No de Ley (PNL) relativa a la «defensa del empleo y de los derechos laborales ante el Expediente de Regulación de Empleo anunciado por la empresa Majorel, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones».
Esta situación afectará a un total de 329 personas trabajadoras en distintos centros de trabajo:
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca): 169 personas.
Barcelona: 67 personas.
Jerez de la Frontera (Cádiz): 48 personas.
Zaragoza: 30 personas.
Madrid: 15 personas.
La PNL recuerda que esta situación no es nueva, ya que la empresa llevó a cabo dos procedimientos más en los últimos tres años.
El primero, anunciado el 30 de octubre de 2023, afectó inicialmente a 180 personas en Barcelona, 3 en Jerez,4 en Madrid, 21 en Salamanca y 15 en Zaragoza, concretándose finalmente en 135 despidos, en su mayoría voluntarios.
El segundo, comunicado el 20 de marzo de 2024, afectó a 133 personas distribuidas entre los mismos centros, reduciéndose durante el periodo de consultas y cubriéndose un 71 % de las salidas mediante voluntariedad.
«Estas decisiones generan una profunda preocupación social e institucional en los territorios afectados, al tratarse de centros que constituyen un pilar relevante de empleo en las ciudades más pequeñas, particularmente en el sector de servicios de atención al cliente y externalización de procesos, donde el empleo resulta fundamental para garantizar la cohesión social y territorial», señala la PNL.
Por ello, «el Congreso de los Diputados apoya las justas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Majorel instando a todas las partes a minimizar el impacto de las medidas propuestas en el expediente de regulación de empleo planteado y que afecta a 329 personas en las provincias de Salamanca, Cádiz, Madrid, Barcelona y Zaragoza«.
