El PSOE acusa a la Junta de transferir fondos de las ayudas a la cohesión territorial de los ayuntamientos a campañas de promoción publicitaria.
“Mañueco y el PP no tienen limites en sus caprichosos gastos de publicidad ante las próximas elecciones”.
Así lo ha señalado el secretario general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Pedro González, tras denunciar que la Junta ha realizado una transferencia de crédito por la que resta a las ayudas de cohesión territorial de los ayuntamientos 1.203.262 euros de una partida la de transferencias a las corporaciones locales que se presupuestó para 2024 con 3.414.922 euros.
González denuncia que reduciendo e incluso eliminando partidas del presupuesto prorrogado de 2024 a las entidades locales, ya de por si infra financiadas, para intentar blanquear y mejorar la imagen de Mañueco perjudica fundamentalmente a los pequeños y medianos ayuntamientos y a los servicios públicos en el ámbito rural.
Se trata de fondos dirigidos fundamentalmente para realizar adjudicaciones directas sin convocatoria y concurrencia pública y se deben destinar a inversiones y acciones en infraestructuras y equipamiento de servicios municipales mínimos y obligatorios y otros servicios públicos de competencia local incluso, operaciones corrientes. “Acciones todas ellas dirigidas transversalmente a la lucha contra despoblación”, subraya el representante socialista
«A pocos meses de las elecciones, estos fondos, por obra y gracia del indolente Mañueco, no se van a destinar a dar servicios y mejorar las calles de los pueblos, sino a intentar blanquear y mejorar la denostada imagen de un presidente ante su negligente gestión de los incendios y las corrupciones que atenazan al Partido Popular de Castilla y León», señala el representante socialista.
En referencia a la condena de los ex altos cargos del PP de la cúpula de la Consejería de Economía por prevaricación en el caso de la Perla Negra y el inicio este mes de las sesiones del juicio oral por el conocido caso de la Trama Eólica contra 15 acusados de los cuales nuevamente, se encuentra la entonces cúpula de economía y a la cabeza el ex viceconsejero Rafael Delgado, supuesto cabecilla de la trama y empresarios como los hermanos Alberto y Francisco Esgueva, entre otros, cuyas peticiones de penas suman 138 años de cárcel y más de 600 millones de euros de multas.
