«La aprobación de las propuestas socialistas implican más transparencia y control de las Cortes a la Junta y la corrección de irregularidades de la contratación del gobierno autónomo».
La Comisión Extraordinaria de Economía y Hacienda celebrada este 7 de julio en las Cortes de Castilla y León ha aprobado todas las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Socialista a los informes del Consejo de Cuentas referidos a la fiscalización de los beneficios fiscales de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2021, de la contratación administrativa del ejercicio 2022 y sobre las cuentas del sector público local, ejercicio 2022.
La portavoz socialista de Economía y Hacienda, Rosa Rubio, ha expresado su satisfacción por la aprobación de las propuestas que ”amplían la transparencia, el control de la Junta por parte de las Cortes y la corrección de irregularidades de la contratación de la Junta de Castilla y León”.
El Grupo Socialista defendió en la Comisión siete propuestas de resolución al informe de fiscalización de los beneficios fiscales, nueve al informe de contratación administrativa y tres sobre las cuentas del sector público. Todas ellas contaron con el voto en contra del PP, la abstención de Vox y el apoyo mayoritario del resto de los grupos parlamentarios.
En su intervención en defensa de las propuestas socialistas referidas a la fiscalización de los beneficios fiscales, Rubio calificó de “elitista” la política fiscal del gobierno de Mañueco y resaltó que las propuestas obligan a su gobierno a hacer un informe de seguimiento de los beneficios fiscales para la Comunidad, tanto en los impuestos propios como en los cedidos.
En esta línea, ha insistido en la importancia de un informe que recoja si los beneficios fiscales de la Junta, “establecidos para el beneficio político de Mañueco”, están sirviendo al interés general, “para mejorar la vida de los castellanos y leoneses, o solo de unos pocos”.
A modo de ejemplo de “oportunismo político de Mañueco”, Rubio ha destacado la práctica exención del impuesto de sucesiones y donaciones y la eliminación de la tasa de la caza y la pesca, “acuerdos de Mañueo con sus socios de gobierno para mantenerse en el sillón”.
En el caso de la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, Rubio criticó que en 2021, 14 mil castellanos y leoneses dejaron de pagar 124 millones de euros mientras que el total de beneficios fiscales en el impuesto de la renta de las personas físicas afecta a 85.000 castellanos y leoneses solo por 39 millones.
Respecto a la contratación administrativa, las propuestas socialistas aprobadas contribuyen a eliminar las irregularidades que comete la Junta en la elaboración de todo tipo de contratos.
En este sentido, Rubio ha incidido en que cada año, “los informes del Consejo de Cuentas reflejan la comisión de irregularidades de manera continuada en los contratos de la administración autonómica”.
