«Los socialistas queremos acabar con la enajenación de viviendas públicas protegidas», asegura el Gobierno de España.

El Gobierno tiene entre sus prioridades fundamentales cumplir con el derecho a la vivienda recogido en la Constitución Española.

Es por ello por lo que ha multiplicado por ocho la financiación y los recursos para facilitar a la ciudadanía el acceso a una vivienda asequible. Y es que, una de las claves para conseguirlo es aumentar el parque de vivienda protegida, con el objetivo de llegar a la media europea, situada en el 9%. Eso sí, el Gobierno necesita del concurso de las autonomías, que deben asumir su responsabilidad y trabajar en esta dirección. Es por eso por lo que los socialistas presentaremos proposiciones no de ley en todos los parlamentos autonómicos para exigir a los gobiernos regionales la no enajenación de suelo o viviendas protegidas.

El objetivo es que las comunidades garanticen, en normas con rango de ley, la calificación permanente de las viviendas protegidas que se construyan sobre suelo de reserva privado y público para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública, de acuerdo con los porcentajes establecidos en la legislación estatal. Asimismo, también solicitamos que las comunidades autónomas no puedan enajenar los bienes patrimoniales de los parques públicos de vivienda, a no ser que sea a otras administraciones públicas. El PSOE introdujo esta modificación en la pasada ley de vivienda, pero el Tribunal Constitucional falló que era una competencia autonómica.

Por eso también solicitamos a las administraciones autonómicas que garanticen la contribución financiera de inversión en políticas públicas de vivienda, al menos en la misma medida que el Gobierno central. Además, es necesario incrementar urgente y progresivamente el parque de vivienda, tal y como exige la ley estatal por el derecho a la vivienda, que han de cumplir todas las administraciones, también las gobernadas por el Partido Popular.

En los últimos 40 años, se han edificado en España más de 2,4 millones de viviendas con algún tipo de protección, pero este parque de viviendas ha ido pasando a manos privadas, lo que ha permitido que la mayoría de familias tengan su casa en propiedad pero que también ha supuesto una escasez de recursos públicos para generaciones sucesivas: la cantidad de vivienda social de la que deberíamos disponer para situarnos en la media europea del 9% de vivienda pública, se calcula en 1,5 millones de hogares mientras que el parque de vivienda social (vivienda en alquiler de titularidad pública) está situado en el entorno de las 290.000 viviendas, es decir, un 1,5% del parque de viviendas.