El procurador del PSOE de Salamanca, Fernando Pablos, denuncia que la Junta debería haber cumplido con sus compromisos de financiar los colegios e institutos y acusa al Gobierno de Mañueco de “tener mucha cara” para presumir de superávit mientras no han pagado una parte importante de las cantidades presupuestadas para gastos de funcionamiento.
El portavoz socialista de Educación en las Cortes de Castilla y León y procurador del PSOE de Salamanca, Fernando Pablos, instó a la Junta a abonar antes del 15 de febrero las cantidades correspondientes al presupuestos de 2023 que la Junta adeuda a los centros educativos.
En una intervención en el Pleno de las Cortes de Castilla y León Pablos denunció las “gravísimas” consecuencias” que el retraso en el abono de las cantidades para gastos de funcionamiento está ocasionando a docentes y estudiantes de centros públicos tal y como viene explicando a lo largo y ancho de la comunidad autónoma durante las últimas semanas.
Los retrasos de la Junta a la hora pagar a los centros educativos públicos no es algo nuevo pero, subrayó “lo ocurrido en estos últimos meses supera todo lo justificable en el funcionamiento de una administración pública”, afirmó.
A pesar de esto, ha lamentado el procurador salmantino, “PP y VOX votan en contra de nuestra iniciativa para pagar antes del 15 de febrero las cantidades correspondientes a 2023 que la Junta adeuda a los colegios públicos”.
“HAY QUE TENER MUCHA CARA!”
La semana pasada, ha recordado el procurador salmantino, la Junta presumía de superávit en las cuentas de Castilla y León mientras siguen sin pagar importantes cantidades presupuestadas para gastos de funcionamiento en colegios e institutos públicos. “¡Hay que tener mucha cara!”, ha remachado.
La proposición del PSOE instaba asimismo a la Junta a informar, antes del 29 de febrero de 2024, a todos los centros docentes públicos no universitarios de las cantidades asignadas para gastos de energía y gastos de funcionamiento para el presente año, que en ningún caso podrán ser inferiores a las transferidas en el año 2022, y realizar los libramientos antes de del 1 de marzo y del 1 de noviembre de cada año, además de comunicar a dichos centros entre los meses de enero y febrero el calendario anual de libramiento para los gastos de energía y gastos de funcionamiento precisando lo máximo posible las fechas de estos. Se trataba, añadió Pablos de “peticiones justas y sencillas de cumplir para quienes presumen de tener superávit”, concluyó.
