El sindicato Veterinario de Castilla y León (Sivecal-Uscal) ha dicho basta; este colectivo ha mostrado su total preocupación por el rumbo que está tomando la lucha contra la tuberculosis.

Ante esta situación, los veterinatios han solicitado una reunión “urgente” con la directora general de Producción Agropecuaria, Teresa Rodríguez.

No en vano, esta comunidad, con seis de la nueve provincias con prevalencia de tuberculosis bovina inferior al 1%, “puede tirar por la borda el trabajo de muchos años por flexibilizar las medidas”, señalan desde Sivecal-Uscal.

Desde el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León, “hemos solicitado una reunión urgente con la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez, para expresarle nuestra preocupación respecto a las medidas anunciadas sobre la flexibilización y autonomía para los ganaderos frente a la tuberculosis bovina”, especialmente de Salamanca.

Aunque viene siendo la tónica general observada desde el inicio de esta legislatura, “de entrada nos sorprendió que en dicha reunión no hubiese ningún veterinario representando a la Administración Regional puesto que por parte de la Consejería solo asistieron el Consejero y la Directora General, ambos ingenieros agrónomos de formación”, apuntan desde Sivecal-Uscal.

La denuncia de los veterinarios viene a colación de la poca capacidad de maniobra de la Junta, que ha presentado “una batería de medidas, no sabemos si consensuadas con las secciones de Sanidad y Producción Animal y Unidades Veterinarias de los servicios territoriales provinciales. Entre estas medidas, está la de autorizar a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS), veterinarios de cooperativas, en definitiva, a todos los veterinarios libres, llevar a cabo la realización de las pruebas de movimiento de animales”.

Estas medidas no aclaran si se extiende a todos los desplazamientos de animales, incluidos los movimientos para vida o si únicamente se va a ceñir a los movimientos de terneros con destino a cebadero. “En cualquier caso, esto es el claro ejemplo del escaso aprecio que este equipo viene mostrando a los Servicios Veterinarios Oficiales desde que tomó las riendas de la Consejería”.

Desde el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León, “le recordamos al Consejero y a la Directora General que uno de los principios rectores de la función pública es la inamovilidad en la relación de servicio y en el desempeño de las funciones, como garantía de la independencia en la prestación de servicios, y que los empleados públicos actuarán conforme a los valores de integridad y ética profesional, neutralidad e imparcialidad conforme viene establecido en la Ley de Función Pública de Castilla y León”, recuerdan los veterinarios de Castilla y León en un comunicado.

Los veterinarios muestran su preocupación ante esta medida que puede provocar “un desmantelamiento de la sanidad animal donde los mayores perjudicados serían los ganaderos, que hasta ahora han podido gozar de un sistema profesional, independiente e imparcial“.