Ley de Memoria Democrática: actuaciones y objetivos

El Consejo de Ministros celebrado el 20 de julio de 2021 aprobó el envío a las Cortes del Proyecto de la Ley de Memoria Democrática, una norma que revisaba y actualizaba la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Desde su entrada en vigor tras la aprobación definitiva del Senado, esta ley ha guiado la atención del Estado a las víctimas de la dictadura franquista con el objetivo general de rehabilitar su memoria y reparar los daños causados.

La Ley de Memoria Democrática tiene un doble objetivo: fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de la historia de España y de las figuras y movimientos que fueron construyendo los nexos de cultura democrática, así como preservar la memoria de las víctimas de la Guerra de España y la Dictadura franquista.

El texto impulsa el mantenimiento de dicha memoria a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas; la promoción de la justicia y fomento de la reparación; y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo.

Esta ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, acuñados por los organismos internacionales de los derechos humanos, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad entre hombres y mujeres.

La Ley de Memoria Histórica de 2007 supuso un paso muy importante en el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la dictadura, pero tras quince años de vigencia, se detectaron cuestiones que necesitaban ser revisadas y mejoradas.

Además, surgieron nuevos elementos que debían añadirse:

La Ley de Memoria Histórica va destinada a toda la sociedad en general y, particularmente, a todas las víctimas que sufrieron daño físico, moral, psicológico o patrimonial, o vieron menoscabados sus derechos fundamentales, como consecuencia de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la posterior guerra y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

En reconocimiento a las víctimas, se declara el carácter injusto de las violaciones de derechos humanos, la ilegalidad de los Tribunales franquistas y la nulidad de las condenas y sanciones que dictaron. Esta declaración de nulidad dará lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal.

Además, se crea un Registro y Censo de Víctimas para darles visibilidad, dando respuesta a la dispersión de la información disponible, y se fijan días oficiales de Memoria: el 31 de octubre, como Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura; y el 8 de mayo, como Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra y la Dictadura.

  • El derecho a la verdad de las víctimas, es decir, a la verificación de los hechos y la revelación pública de los motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones de las normas internacionales de los derechos humanos.

Para ello, como venían recomendando los organismos de derechos humanos de la ONU, el Estado asume el liderazgo de la búsqueda de las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura.

  • El derecho a la investigación de las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas con ocasión de la guerra y la dictadura.

comparte

Más actualidad

Sugerencias