“Por erosionar el diálogo entre sindicatos, patronales y la administración pública”; éste es el motivo de la nueva carta que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha enviado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidiendo explicaciones al gobierno de la Junta formado por PP-VOX.
El director general del organismo de las Naciones Unidas, Gilbert F. Houngbo, expresa en esa misiva el “preocupante deterioro del diálogo social” en la CCAA que capitanea Fernández Mañueco, de la mano de su vicepresidente Juan García Gallardo.
Houngbo muestra su preocupación a la vicepresidenta segunda, especialmente por el desmantelamiento de la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla), organismo de mediación y arbitraje laboral que trabaja para evitar que se judicialicen muchos conflictos.
No hay que olvidar que la consejería de Industria, Comercio y Empleo, en manos de VOX, anunció have unos meses la disolución del Serla por una falta de financiación acordada por el gobierno de la región. Tras las quejas y los requerimientos por parte del ministerio de Trabajo, la Junta destinó un 60% menos de presupuesto que la financiación anterior.
Respecto a la carta enviada a Trabajo, fuentes del Ministerio señalan que esta misiva revela que la “decisión adoptada por la Junta de Castilla y León rompe con los mínimos de convivencia laboral que marca una institución como la Organización Internacional del Trabajo, lo que se puede considerar como una agresión en toda regla a los derechos laborales y es de tal gravedad que la máxima autoridad de la organización internacional más importante en materia laboral alerta de su preocupación. Un hecho que, además, socava el prestigio internacional de España”.
Houngbo advierte de que la desaparición del Serla, de ser algo real finalmente, “iría en dirección opuesta a las recomendaciones de la OIT”. Por ello, anima a impulsar la existencia de organismos de conciliación “voluntaria” y “gratuitos”, recuerda el director del organismo, con objeto de contribuir a la prevención y solución de los conflictos de trabajo entre empleadores y trabajadores.
“Por el contrario, es preocupante el deterioro del diálogo social en Castilla y León, y lo es más en la medida en que pueda afectar a instituciones y programas que pongan en riesgo derechos fundamentales como la libertad sindical y la negociación colectiva”, escribe el director general de la OIT.
