El Consejo de Ministros ha aprobado destinar 2.803.847.030 euros a la gestión territorial dependiente de las comunidades autónomas en materia de Políticas Activas de Empleo.
Esta cifra supone la mayor dotación económica para estas políticas en la historia, gracias al plan del ministerio de Trabajo y Economía Social.
Esta cantidad está financiada fundamentalmente por 2.571.961.030 euros a cargo del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
A estos fondos se unen otros 231.886.000 euros aportados por el presupuesto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La distribución territorial definitiva de estos fondos se aprobará en la LXXXII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se celebrará en las próximas semanas.
Esta dotación económica permitirá llevar a cabo actuaciones para combatir el paro, especialmente el de larga duración al que se dedicarán una parte importante de estos fondos. La distribución de fondos estará supeditada a la consecución de objetivos específicos. Tal y como mandata la nueva Ley de Empleo, su uso se someterá a una doble evaluación, interna y externa.
Distribución de fondos a cargo del SEPE
Los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico para las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito del trabajo, del empleo y la formación con el objetivo de financiar servicios y programas incluidos en los distintos ejes de políticas activas de empleo cuando no sean objeto de financiación con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Fondos a cargo del MRR
El importe de 231.886.000 se distribuirá conforme al criterio acordado en la Conferencia Sectorial de 21 de julio de 2021 para la distribución de los fondos a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ya que es de carácter plurianual.
Hay que recordar que en esa fecha se llevó a cabo la asignación en base al número de potenciales personas beneficiarias de cada proyecto.
Por otro lado, en la asignación de 2021, se aplicó un coeficiente corrector en base al grado de cumplimiento de objetivos de las CCAA, que se considera que tiene en cuenta la capacidad de gestión de éstas.