Mario Amilivia recomienda a Fernández Mañueco desarrollar “una base de datos centralizada de toda la información relativa a la gestión” y formar en este apartado al personal de las Consejerías.

¿Cómo es la gestión de los fondos Next Generation por parte de la Junta de Castilla y León? El Consejo de Cuentas ha realizado un estudio al respecto y revela un dato que deja a las claras lo que hace la administración regional comandada por Fernández Maúeco y García-Gallardo.

“Existe una falta de coordinación en algunos aspectos de la gestión”, en concreto, “en la elaboración de las pruebas de autoevaluación en las entidades que gestionan los fondos”. O lo que es lo mismo, primero van a Bruselas a boicotear la llegada de fondos a España y, posteriormente, no sabe gestionarlos.

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, destacó que el objetivo que buscaban estas fiscalizaciones, que no era otro que el de impulsar una “gestión ágil para que no se perdieran estos Fondos”, en un momento en el que había “margen de maniobra”.

La auditoría se planteó, por tanto, como “sistema de alerta temprana para detectar oportunidades de mejora al inicio de implementar el Plan, con el objeto de efectuar las adaptaciones necesarias en los sistemas de gestión y disponer del personal apropiado”.

La información sobre los fondos Next Generation se canaliza principalmente a través del portal web de la Junta. Consta información sobre la definición de los fondos, las convocatorias de subvenciones y licitaciones, la normativa y documentación, la política antifraude y los órganos gestores.

Sobre los recursos humanos, la Junta no había aprobado una normativa especial para la planificación y gestión del personal involucrado en la gestión del Plan, ni constaban instrucciones, orientaciones, guías u otros documentos en esta materia. La Administración autonómica no había realizado un análisis de las necesidades de personal a nivel global, en relación con el Plan, aunque sí han analizado estas necesidades seis consejerías y la Gerencia de Servicios Sociales.

A 31 de mayo de 2022, la implementación del Plan requería “537 empleados para atender el incremento de la carga de trabajo, habiéndose asignado el 80% de los efectivos estimados como necesarios”. Del personal asignado, el 15% son nuevas incorporaciones y el resto se corresponde con redistribución de efectivos, atribución temporal de funciones y, de forma minoritaria, comisión de servicios.

Sobre el modelo de gestión, se detectó “falta de coordinación en la elaboración de las pruebas de autoevaluación en las entidades que gestionan los fondos”. La Gerencia de Servicios Sociales fue la única entidad con un análisis exhaustivo de los riesgos detectados. Tras analizar los riesgos derivados de la gestión de estos fondos, tomaron medidas la anterior Consejería de Empleo e Industria y la Consejería de Sanidad, además de la Gerencia de Servicios Sociales.

“LA JUNTA NO VE NECESARIAS MEDIDAS ADICIONALES”

Según el mencionado informe del Consejo de Cuentas, la Junta de Castilla y León no ha considerado necesario establecer medidas adicionales para reforzar el seguimiento de los ingresos y los gastos del Plan de Recuperación. Cada proyecto lleva asociado un código que lo vincula directamente con su fuente de financiación, lo que permite realizar un seguimiento de los fondos procedentes del Mecanismo.

Como consecuencia de estos resultados el Consejo de Cuentas realizó tres recomendaciones. En primer lugar, subrayó, para un mejor control, aunque los fondos se gestionen a través de los Ministerios, la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística debería desarrollar una base de datos centralizada de toda la información relativa a la gestión del mecanismo de recuperación, como órgano técnico, y que sirva, además, de apoyo a los gestores participantes en el plan.

En segundo lugar, las seis Consejerías que habían evaluado sus necesidades de recursos humanos en la gestión del plan, deberían incluir en sus respectivos planes de formación el contenido necesario para que su personal disponga del adecuado conocimiento sobre la gestión de estos fondos. El resto de las consejerías deberían evaluar sus necesidades de personal para poder, posteriormente, planificar y cubrir las carencias de formación de éstos.

Por último, las consejerías, como entidades ejecutoras del Plan de Recuperación, deberían valorar la creación de unidades especializadas en las particularidades de esta gestión, para que los funcionarios en ellas integrados puedan compartir sinergias y conocimiento y que el adquirido no se pierda.

El Plan de Recuperación español fue aprobado por el Consejo de la UE el 13 de junio de 2021 con una previsión inicial para el periodo 2021-2026 de hasta 140.000 millones de euros en transferencias y préstamos que podría recibir España. El pasado 17 de octubre de 2023, aprobó el documento de la adenda española, según la cual el plan permitirá ahora movilizar en el mismo periodo hasta 163.000 millones, de los que 80.000 corresponden a subvenciones.

La gestión del Plan fue dotada de un marco normativo a través del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.